¿Puede el dinero negro sacarnos de la crisis?

Con la intención de hacer meridianamente comprensibles las líneas que siguen, aunque en modo alguno aspire a que mis ideas sean totalmente compartidas, con carácter previo debo confesarme neoliberal, respecto al enfoque que creo debe disfrutar la Economía.

Una vez más, con la crisis que nos ocupa, se ha puesto de manifiesto la absoluta incapacidad de los poderes constituidos para corregir un escenario negativo.

El ejecutivo de Zapatero se limita a buscar la aprobación de sus simpatizantes enarbolando la bandera de las políticas sociales ("la salida de la crisis será social o no será").

Entiendo que el mensaje encierra la constatación de la circunstancia que el Estado no puede suplantar a un sinfín de agentes económicos; empresas, pymes y autónomos que ya han cesado en su actividad o poco les falta.

No puede crear empleo por todos ellos, ni generar efectos multiplicativos de las inversiones. Todos los recursos que emplee, serán desperdiciados y los pagarán las futuras generaciones.

Ya lo propugnaba Adam Smith, con su "teoría de la mano invisible": el interés personal de los hombres es el que hace trabajar tan bien a las economías de mercado, no su benevolencia. Y el agregado de un número ilimitado de intereses "egoístas", es el que optimiza el sistema.

El Partido Popular por su parte, se limita a recurrir a la retórica fácil para proponer reformas estructurales. Es el recurso ideal para no verse obligado a salir a la palestra, siéndole sumamente beneficioso que el Partido Socialista se desgaste infinitamente en este contexto que le sobrepasa, de cara a los próximos comicios. Rajoy espera a que escampe.

Evidentemente el Plan E no era la solución a los parados procedentes de la construcción. Ni tan siquiera a corto plazo.

Se han repartido cantidades a todos los municipios atendiendo a su número de habitantes. Quizás dicha actuación sea equitativa e igualitaria. Pero desde luego, no es eficiente. Deberían haberse aglutinado recursos y haberse acometido obras que a futuro sean susceptibles de generar otros nuevos.

Con todo el respeto del mundo para los municipios de Tenerife que voy a mencionar (de hecho yo resido y ejerzo como abogado en uno de ellos), pero quizás Los Realejos pueda permitirse aguantar unos años más sin una nueva rotonda, o La Orotava sin un puñado de semáforos más, por decir algo. Quizás aunando todos los recursos de los municipios del Valle, por ejemplo, al ansiado puerto deportivo en el Puerto de la Cruz, se le pudiera haber dado comienzo. O cuando menos a un paseo marítimo digno. Y todos los trabajadores de la zona, en definitiva trabajarían cerca de sus domicilios, si evitar los desplazamientos era lo que se pretendía.

De otra parte, las reformas estructurales necesitan décadas para comenzar a antojarse como una realidad tangible.

Y como no podía ser de otra manera en tiempo de crisis, vuelve el debate demagógico sobre la conveniencia de reducir las indemnizaciones por despido y las garantías de los trabajadores.

Las empresas, tratando de optimizar su actividad, toman del mercado los empleados que necesitan. Ni uno más, ni uno menos. Ciertamente si las expectativas son positivas, tienen mayor predisposición a contratar, y si son negativas, a despedir.

Dada su inefectividad, olvidémonos de todos los buenos propósitos, los cuales siendo benevolentes pueden dar resultado a medio o largo plazo, y centrémonos en un tratamiento de choque, al menos mientras la fiebre no deje de ser extrema.

No se trata de desarrollar cientos de medidas, sino de acometer un par de ellas con pragmatismo.

Personalmente estoy convencido que la crisis no es inmobiliaria, sino financiera. No hay dinero en los mercados crediticios, y por lo tanto, no hay consumo.

Éste se sufraga vía ahorro, o vía empréstito. Brillando ambos por su ausencia, no existen potenciales compradores, por lo que ni siquiera llegamos a la fase de fijación de precios. Es una falacia decir que los inmuebles están sobre valorados un 10%, un 40% o un 100%. A efectos reales, no tienen precio de mercado.

Hay quien dice que no hay crédito porque los propios bancos carecen de recursos. No es del todo cierto, o cuando menos la aseveración se antoja incompleta. Los bancos tal y como los conocemos en nuestros días, o al menos aquellos a los que pretendemos referirnos, son simples intermediarios financieros. Centrémonos en su actividad más típica: la concesión de hipotecas. Dicha actuación no es en sí su actividad final. Supone realmente una fase productiva, ya que con posterioridad esas hipotecas deben ser colocadas a terceros, quienes realmente aportan los recursos finales.

Debemos diferenciar por tanto entre la Banca de Comercial de la de Inversión, la cual devuelve a aquélla el dinero que temporalmente ha anticipado, y le reconoce su margen de intermediación.

Los auténticos inversores, compradores finales de los pasivos de la banca comercial, reciben el nombre genérico de "banca en la sobra".

Los cuales, en un escenario como el actual, tienen menos propensión a invertir ya que todo el mundo espera que el precio de los activos baje. Nadie compra algo que mañana pueda valer menos.

Ello supone la inmediata inmersión en la teoría de la "profecía autocumplida", acuñada por el sociólogo Robert Merton, la cual en origen no es otra cosa que una definición falsa de la situación (el precio de los activos bajará), que suscita una conducta nueva (dejo de prestar), lo cual convierte en verdadero el presupuesto originariamente falso (finalmente los precios bajan).

En este contexto, si los tenedores del capital no lo invierten, ¿cómo podemos invertir la situación? ¿Podría haber por así decirlo, inversores alternativos que suplieran a aquellos y en cierto modo los reanimasen? ¿Se puede evitar que la profecía se cumpla a sí misma, consiguiendo que los activos no pierdan su valor?

Quizás una amnistía para el dinero negro puede ser la solución, si somos capaces éticamente de evitar rasgarnos las vestiduras.

En diciembre del 2008 el Gobierno ya lanzó importantes globos sondas para tomar el pulso a la sociedad sobre esta posibilidad. Caldera recibió la encomienda de abrir el debate. Miguel Sebastián se mostró partidario. E incluso CIU convocó un panel de expertos con el ánimo que no se apagara la mecha prendida.

Sin embargo todo quedó en "agua de borrajas". Quizás Pedro Solbes con su inmovilismo tuviera la palabra final.

No habría sido la primera vez que en nuestro país se adoptaba una medida así, ya que en 1977 Adolfo Suárez aprobó una amnistía de IRPF y Sociedades basada en regularizar bienes ocultos.

Y en 1991, con Carlos Solchaga, como ministro de Economía, quien ofreció a los suscriptores de pagarés del Tesoro (ajenos a los ojos de Hacienda) que pudieran regularizar su situación. Las opciones eran dos: la primera, canjear esos títulos por la que llamó Deuda Pública Especial, un activo libre de impuestos y que preservaba la identidad del inversor, aunque de menor rentabilidad.

La segunda alternativa pasaba porque esos suscriptores hicieran declaraciones complementarias por esos pagarés sin sanción. Un movimiento conjunto que permitió aflorar casi 780.000 millones de las antiguas pesetas.

Si asumimos que la crisis por la que atravesamos, tiene su causa real en el mercado inmobiliario, y compartimos el convencimiento que para que el crédito vuelva a fluir es necesario recapitalizar a los bancos, ¿por qué no adaptar la medida de Solchaga al escenario actual?

Pienso que se trataría de canalizar el capital oculto hacia un proceso de titulización hipotecaria, de manera que un Fondo de Titulización Hipotecaria (FTH), creado al efecto, y deseablemente público para que dichos recursos una vez manifestados no pudieran retornar a la opacidad; de una parte suscribiese participaciones hipotecarias de la banca comercial, y de otra, emitiese bonos que incluyeran el devengo de interés y amortización.

El tenedor de "dinero negro" aceptaría un interés sustancialmente bajo, por cuanto normalmente incluso tiene propensión a pagar, para legalizarlo.

De este modo las entidades crediticias mejorarían sus ratios, se recapitalizarían y nuevamente estarían en condiciones de prestar. Se evitaría un descalabro de los precios de los inmuebles, ya que volvería a existir un mercado final para los empréstitos. Y el Gobierno incluso obtendría recursos alternativos, por dos vías: gracias a los intereses y de otra parte por la tributación de esos mismos rendimientos. Tendría incluso capacidad para reducir la presión fiscal para el resto de los ciudadanos y empresas, disponiendo del argumento perfecto para justificar la actuación y para negar (al menos parcialmente), el hecho que una amnistía pueda premiar a los defraudadores. Siempre mejor que continuar inyectando liquidez con estéril resultado, hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras.

Entre 1977 y 1991 transcurrieron 14 años. De 1991 a 2009, si llegara a producirse, 18 años. Este tipo de medidas, utilizada puntualmente en tiempos de crisis y con la agudeza necesaria, puede suponer la devolución a la Sociedad de algún tipo de contraprestación por parte de aquellos que en otro momento fueron ventajistas.

Al margen que el Estado será siempre incapaz de sacar a la luz tan sólo un insignificante porcentaje de cantidades cuantitativamente tan importantes, vía medidas fiscalizadoras.

Ahora bien, ¿Cuál sería la repercusión de la medida, teniendo en cuenta la Ley 19/2003 de lucha contra el blanqueo de capitales, y el propio Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales adscrito al Banco de España?

Todo dependería de la campaña de comunicación que inexorablemente devengaría necesaria, y en cualquier caso creemos que la medida sería una gran ayuda para aquellas instituciones que desde su adopción deberían ser extremadamente cuidadosas para que los capitales aflorados no volviesen a ocultarse.

¿Y en relación con las medidas globales adoptadas contra los paraísos fiscales? Entendemos que no es una contradicción, sanear para partir de cero.

Hay quien cifra la economía sumergida en España en torno a los 200.000 millones de euros. Y otros, que aseguran que el "agujero inmobiliario" de los bancos se sitúa en torno a los 100.000 millones. Que el lector saque sus propias conclusiones acerca de la posible benevolencia de la propuesta analizada.

Puede que existiera incluso un efecto paralelo que conviene analizar. Si se permitiera el acceso a los bonos de a inversores extranjeros, es muy posible que acudieran a nuestro llamamiento capitales de nuestros vecinos europeos, usuarios de la misma moneda. ¿Podrían acusarnos entonces de dumping? Así lo sugiere mi compañero de profesión, el abogado Félix Bornstein, quien ya analizó este mismo asunto toda vez que ya en el 2003 el Gobierno Schroeder estudió esta posibilidad para sanear el erario alemán.

Posiblemente sí, ya que los movimientos de capitales se podrían a priori presumir ingentes. Pero no debemos olvidar que cada país tiene su idiosincrasia, y en su función puede o no permitirse ciertas licencias. Como Bornstein reseña, el ministro de armamento Albert Speer, a finales de 1944, cuando la derrota de la Alemania nazi era ya irreversible, llamó a rebato a miles de funcionarios civiles que dejaron sus puestos administrativos y se incorporaron a las fuerzas armadas. Especialmente notorio fue el caso de la burocracia del Ministerio de Hacienda, que acudió en masa a los diferentes frentes de guerra. ¿Cómo se explica esta gran movilización que, en teoría, dejaba desguarnecido uno de los centros vitales del Estado y de la Administración del III Reich? Aunque la respuesta parezca increíble, la Administración civil no se paralizó porque, sencillamente, los ciudadanos alemanes continuaron pagando, de forma voluntaria y espontánea, sus impuestos en medio del desastre y el caos, y con gran parte de las oficinas fiscales dañadas o incluso destruidas en el curso de los combates.

Esa convicción hacendística llega en aquel país hasta nuestros días. Sin embargo España padece en el ámbito defraudador su latinidad, y situaciones históricas diferentes, obligan a medidas correctoras dispares. Y hablando en "román paladín": "Hagámoslo nosotros antes que otro lo haga."