III. Regulación De Las Fuerzas Políticas De Los Poderes Institucionales (Sistema De Gobierno Suárez)

La oligarquía abierta al actual sistema social democrático político constitucional es una reorganización representativa determinante de la potestad competente del ordenamiento equitativo constituyente de una monarquía consolidada en la propia diversidad de identidades independientes de poder convergente de la formación de partidos, de coaliciones y de gobiernos de estados de autonomías, comunes a las necesidades e intereses solidarios como dependencia institucional a una constitución conjunta y parlamentaria a la reivindicación de los derechos y de los deberes que debe tener todo ciudadano para poder preservar siempre vigilante la propia unidad soberana de un mismo pueblo.

La equidad compatible de fuerzas políticas y de poderes institucionales del Estado del sistema social democrático político constitucional se debe a la convergencia de necesidades e intereses comunes de la formación de coaliciones de partidos y de gobiernos y en la descentralización de políticas bipartidistas centradas en la actual sociedad española, en los dos principales partidos nacionales mayoritarios que tienden a degenerar en sus propias políticas partidistas por contrarrestar poder y competencias a los partidos minoritarios del Gobierno, aunque éstos en sí puedan conllevar a la formación de coaliciones de partidos y de gobiernos de políticas independentistas nacionalistas o partidistas.

Si las políticas nacionalistas tienden a manifestarse radicalmente, diferenciando culturas, creencias y educaciones propias de su autonomía como identidad de un estado independiente a la soberanía del pueblo español; las políticas partidistas, aunque tiendan a consolidar la solidaridad del estado de las autonomías en convergencia de una misma unidad constitucional, confunden necesidades e intereses comunes, con los propios. En la regulación de las fuerzas políticas de los poderes institucionales del Estado nunca debe anteponerse la autonomía territorial a la diversidad de identidades individuales; ya que en una auténtica democracia siempre debe tener prioridad las necesidades e intereses de los ciudadanos a las de las autonomías territoriales.

Para que un sistema social democrático político pueda ser efectivo en la formación constituyente de una sociedad, la división de poderes tiene que ser igual a la delimitación del control recíproco de la propia diversidad total de sus poderes.

Si el Senado delimita el control del Congreso en la reorganización determinante de unas autonomías territoriales ante los partidos mayoritarios y minoritarios representativos de las diferentes comunidades autonómicas del Gobierno; el Congreso, recíprocamente, delimita el control del Senado como reorganización determinante de las diferentes fuerzas políticas representativas de los poderes institucionales territoriales del Estado. En sí ambas cámaras representan la compatibilidad de la ciudadanía: el Senado como autonomías corpóreas del Estado; el Congreso como espíritus políticos partidistas y de pluralidad nacional gubernamental.

Para poder analizar el actual sistema social democrático político constitucional hay que saber diferenciar conceptualmente entre el sistema político como reorganización y ordenamiento representativo determinante de la formación equitativa constituyente y funcional de la estructura del Estado y del Gobierno; entre el sistema social como descentralización del poder del Estado en función a los servicios prestados por las instituciones al ciudadano; y entre el sistema económico como mercado de valores financieros hipotecarios, público o privado, a las necesidades e intereses comunitarios.*

*En relación correspondiente a la Equidad Compatible de Poderes como Partes de Formas de Estados de Gobierno, los tres sistemas que constituyen el actual sistema social democrático político constitucional, comprenden:

Sistema político: reorganización responsable de la regulación de los poderes institucionales (oligarquía) y ordenamiento constitucional del Estado de Derecho (monarquía).

Sistema social: distribución jerárquica administrativa autonómica del poder (burocracia) y descentralización del Gobierno Central del Estado (anarquía).

Sistema económico: entidades públicas o privadas, financieras hipotecarias (plutocracia).

En un estado de derecho democrático nunca hay que caer en el error de anteponer el sistema económico al sistema político y social con el fin de hacer de un estado débil en la fuente total de sus ingresos y presupuestos, en un estado de mercado de valores, financiero hipotecario, fuerte. Ya que la transparencia del Estado en la participación del ciudadano en la aportación y realización de un mercado libre de valores institucionales como contribuyente de ingresos y perceptor de recursos presupuestarios es esencial para que el sistema político democrático no pueda degenerar en un estado de régimen totalitario.

El derecho a la propiedad privada y las políticas de privatización de entidades públicas en privadas, durante el Gobierno de Suárez, ayudó a contrarrestar peso al poder burocrático del Estado para poder dar mayor expansión a un poder plutocrático descentralizado en un mercado de valores de libre participación de inversiones. La compatibilidad de los sistemas que constituyen el actual sistema social democrático político constitucional es la base para poder regular el sistema económico en la formación constituyente del desarrollo del consumismo y de la productividad colectiva, junto con el sistema social como integración dependiente institucional a las necesidades e intereses del conjunto de la convivencia ciudadana como realización a su contribución; en cuyo sistema político lo más importante no es sólo el votante y el derecho a voto, sino el punto de encuentro convergente de las oposiciones de las fuerzas políticas de los poderes institucionales para poder formar coaliciones y gobiernos en consenso parlamentario.

Autor: Augusto González González

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