Potenciar la entrada de la iniciativa privada en el sector público como salida a la crisis

En todos los escenarios y diferentes momentos me declaro como firme defensor de la iniciativa privada a la hora de proveer a la sociedad de bienes y servicios; de bienestar al fin y al cabo.

Convencimiento que se acentúa conforme avanzamos en la crisis generalizada por la que nuestro país atraviesa. Entendiendo que debemos ser más pragmáticos que nunca, toda vez que las arcas públicas se han agotado, y con ellas ha sucumbido la ideología.

Ya lo decía hace años Margaret Tatcher: el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero; el dinero de otros.

A decir verdad ni yo mismo soy capaz de situarme políticamente, aunque lamento y reprocho a los actuales dirigentes de izquierda haber validado aquella aseveración.

Puestos a buscar soluciones, es básico conocer los condicionantes de partida. Primero, España tiene un nivel de paro galopante, que especialmente afecta a trabajadores no cualificados provenientes del sector de la construcción, cuya desgracia personal es de sobra conocida por los abogados laborales. A medio plazo no se prevén síntomas de mejoría en la promoción inmobiliaria, y tampoco existen fondos para proyectos de obra pública, siendo que el déficit nacional el factor más dañino para la deuda pública, y por ende para nuestra credibilidad dentro de la Unión Europea. Y cuando se ha potenciado esta vertiente hemos podido comprobar cómo el sector público ha dilapidado el dinero en glorietas y aceras con el conocido Plan E. Ciertamente no sabe detectar oportunidades de inversión.

Segundo, la emigración no es ahora una solución, como antaño. Hemos visto como en pleno boom se erigió Dubai contando con paquistaníes que desarrollaban maratonianas jornadas a cambio de un plato de comida, “ cuatro monedas “, y un camastro en un “ piso patera “ donde dormir hacinados.

Tercero, la reconversión sectorial de estos trabajadores se antoja harto complicada. Nuestro país siempre cederá ante competidores internacionales por su baja productividad y por la fortaleza del euro.

Volver nuestra mirada hacia la agricultura es un error. No debemos sentirnos atraídos por la entelequia de la autarquía, sino procurar la mayor ganancia de valor posible en los intercambios.

Tenemos que aspirar a comprar alimentos y a vender tecnologías de la información, energías renovables y toda suerte de patentes industriales, fruto del I+D.

Para ello necesitamos contar con la infraestructura necesaria, y al no contar con ella habrá que otorgar facilidades y concesiones al sector privado, vía convenio con la administración pública.

Por esta vía la empresa asumirá la inversión, a cambio de un plazo razonable de explotación del servicio durante el cual procurará el retorno de la inversión y la obtención de un beneficio. Periodo tras el cual la propiedad es cedida a la Administración.

No me refiero sólo al ejemplo típico y tópico de las autopistas. Sino a la creación de polígonos tecnológicos, a la ubicación de toda suerte de instalaciones, a la implementación de energías renovables, al desarrollo de la industria del reciclaje, a la innovación en servicios públicos como el tratamiento y suministro de aguas, …, etc.

Zapatero se quedó en la simple promesa de creación de un millón de empleos verdes en diez años. No dijo con qué recursos pretendía hacerlo, cuando todos sabemos que éstos brillan por su total ausencia.

El salto tecnológico e innovador en nuestro país no sólo sería bueno al diversificar la estructura productiva. A la hora de materializar las infraestructuras necesarias, a corto plazo se emplearían los excedentes humanos del sector inmobiliario, que como abogado laboral de corte procesalista, puedo atestiguar que no son pocos.