La Implementación de la Reforma Procesal Penal en Chile

La Reforma Procesal Penal Chilena iniciada por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, buscó cambiar el antiguo sistema Inquisitivo regulado por el Código de Procedimientos Penales de 1906 por un Nuevo Sistema Acusatorio, Adversarial y más eficiente, creando de esta manera el Código Procesal Penal mediante la Ley N° 19.696 del 12 de Octubre del 2000, el cual tenía entre sus principales características las Salidas Alternativas y los Criterios de Oportunidad.

 El proceso de implementación del Sistema Penal Chileno ha sido catalogado como uno de los más importantes y exitosos en América Latina, lo que se debe principalmente a 4 características del Proceso de implementación, tales como Gradualidad en su marcha, carga inicial cero, financiamiento asegurado (tanto recursos humanos como infraestructura), y la conformación de la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional.

 1.- La Comisión Nacional de Coordinación de la Reforma Procesal Penal

 Fue creada por el Congreso Nacional de y está integrada por el Ministro de Justicia de Chile quien la preside, el  Presidente de la Corte Suprema (Poder Judicial), el Fiscal Nacional del Ministerio Publico, el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, un Ministro de la Corte Suprema elegido por el pleno, el Presidente de los Colegios de Abogados, el Sub Secretario de Justicia  y un Secretario Ejecutivo elegido por el Grupo de Trabajo.

 2.- Gradualidad de su implementación:

 Chile está dividido en 13 regiones y considerando su cantidad poblacional y territorial se acordó realizar la implementación gradualmente en 5 etapas:

 1ro en las Regiones IV Coquimbo y IX Araucanía

2do en las Regiones II Antofagasta, III Atacama y VII Maule

3ro en las Regiones I Tarapacá, XI Aysén y XII Magallanes

4to en las Regiones V Valparaíso, VI O’Higgins, VIII Biobío y X Los Lagos

5to en la Región Metropolitana de Santiago

 3.- Presupuesto para su implementación

 La Reforma Procesal Penal como Política Publica por parte del Gobierno del Presidente Ricardo Lagos significó un gran esfuerzo, reflejado en una inversión para su implementación de aproximadamente  550 millones de Dólares distribuidos en los tres pilares del sistema Chileno:

300 Millones de Dólares para el Poder Judicial

218 Millones de Dólares para el Ministerio Publico

50 millones de Dólares para la Defensoría Penal Publica

 La inversión del Estado Chileno en el sistema de Administración de Justicia antes de la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal era de solo 0.9 % del Presupuesto Nacional, pero luego de la implementación ésta se ve conformada por más del 2% del Presupuesto Total Chileno.

 El Nuevo Modelo Procesal Penal le garantiza a los ciudadanos: celeridad en el proceso, mayor transparencia, fortalecimiento de la seguridad pública, racionalidad en las medidas privativas de libertad, garantiza el derecho de defensa, asegura el trato digno con la presunción de inocencia, eficiencia, agilidad en el control de la investigación.

 “El Nuevo Sistema Procesal Penal tiene por objeto concretar los ideales de una justicia, rápida, eficiente, transparente, imparcial, accesible y con respeto a los Derechos Fundamentales de la Persona”.  Dr. Ricardo Lagos Escobar - Presidente Constitucional de la República (Chile)

              Autor: Joel Fernando Ramos Pari