Venezuela afronta el 2016 con un déficit de divisas estimado en 30%

Ya expirado el primer mes del 2016, aún no se han despejado incógnitas importantes sobre las medidas económicas que el Gobierno Nacional va a implementar para evitar otro año signado por la inflación, la recesión y la escasez de productos básicos.

Dorta Martínez hace un balance de las medidas económicas ya aplicadas, postergadas y las descartadas hasta la segunda semana de febrero de 2016. También presentamos cuáles son los principales gastos que deberá honrar la nación en materia de servicio de la deuda externa y en importaciones de rubros esenciales como alimentos y medicinas.

El presupuesto nacional 2016 asciende a más de 1 billón 548 mil bolívares, cifra que duplica los ingresos estipulados para el 2015. Los ingresos de la nación están calculados sobre un precio estimado de 40 dólares/barril. El financiamiento del país procederá en 77,9% (Bs. 1 billón 207 mil) de las rentas internas, principalmente por la recaudación tributaria y otros fondos autogenerados, y en un 22,1% (216 mil 581 millones) del producto de la exportación petrolera.

Sin embargo, Venezuela es una economía altamente dependiente de las importaciones. Por lo que la recaudación interna denominada en bolívares no compensa la carencia de divisas para financiar las compras externas. En los últimos años, no se ha disminuido a la renta petrolera como principal fuente de generación de divisas a la economía nacional, con una participación de 96%.

La cesta petrolera venezolana registró un precio promedio de casi -50% en 2015 respecto a 2014. Esto representó una rebaja de 30.239 millones de dólares en ingresos por exportaciones durante el año pasado.

En lo que va de 2016 la caída de los precios del petróleo se ha agudizado. El promedio del crudo venezolano de enero 2016 es 32,4% menos de lo que cotizó en el cuarto trimestre de 2015.    

Algunas estimaciones de analistas privados proyectan que si el precio de la cesta petrolera venezolana se ubica en 30 dólares/barril, los ingresos por exportación de hidrocarburos rondarían los 22 mil millones de dólares, unos 5 mil 833 millones menos de lo que obtuvo en 2015.

En 2016, Venezuela tendrá que pagar 9500 millones de dólares por vencimientos de la deuda externa, de los cuales ya ha cancelado unos 320 millones de dólares en las primeras semanas del año. Con un giro importante por vencer en febrero que asciende a 1500 millones de dólares. En este contexto, el Banco Central de Venezuela negocia con el Deutsche Bank empeñar parte de las reservas en oro a cambio de dinero en efectivo.

Las reservas internacionales de Venezuela rondan los 15 mil 400 millones de dólares, de las cuales el 64%, o aproximadamente 10 mil millones de dólares, están denominadas en lingotes de oro.

La ecuación se complica cuando se añade la necesidad de divisas para las importaciones. La pérdida de la productividad interna ha aumentado la dependencia en adquisiciones externas de alimentos, medicinas y otros artículos básicos que escasean en el mercado nacional. Un indicativo de a cuánto podrían ascender las importaciones este año, es cuanto se destinó para este concepto en 2015, cuando hasta el tercer trimestre se gastaron 27.978 millones de dólares en compras externas, de los cuales el 49,93% fueron compras hechas por el sector público y 50,08% por la empresa privada.

Asumiendo que se mantenga un nivel de importaciones similar al del año pasado, que como se vio no fue suficiente para abatir altos niveles de escasez de productos básicos, el déficit de divisas que enfrentaría el país ascendería a 15 mil 478 millones de dólares o un 30% por encima de los ingresos por venta de petróleo, siempre y cuando el precio promedio del petróleo venezolano se mantenga en 30 dólares/barril.

Desde este 12 de febrero empiezan a correr los 60 días de duración del Decreto de Emergencia Económica, después de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró que el instrumento jurídico estaba vigente pese a haber sido negado por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional.

El máximo juzgado sustentó la decisión en que el Parlamento tardó más de 48 horas en fijar posición sobre la solicitud del Ejecutivo, que según su interpretación excedió el plazo constitucional para pronunciarse sobre este tipo de requisiciones.

El Ejecutivo Nacional ha defendido el Decreto de Emergencia Económica como necesario para actuar en un escenario de bajos precios del petróleo y combatir lo que considera una “guerra económica”. Los principales poderes que asume el Gobierno con este instrumento son la posibilidad de administrar recursos presupuestados o no sin pasar por control legislativo, puede ocupar total o parcialmente empresas privadas, acelerar los procesos de importación y nacionalización de mercancías, entre otras facultades.

Al día siguiente de declararse vigente el Decreto de Emergencia Económica salieron en Gaceta Oficial las primeras acciones económicas: la disolución anticipada del Banco Industrial de Venezuela y la fijación de la Unidad Tributaria a Bs. 177, un aumento de sólo 18% respecto a la tasa vigente en el 2015.

Previamente, el Gobierno ha tomado medidas enfocadas en ampliar la recaudación de tributos internos, en esta categoría se ubican las leyes vía habilitante del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras y  la reforma del Impuesto Sobre la Renta.

Medios internacionales recientemente dieron a conocer que el BCV ha importado el equivalente en papel moneda a 15 mil millones de billetes para aumentar la oferta de bolívares para los próximos meses.

Varios expertos han responsabilizado a estos manejos por el comportamiento descontrolado la inflación, que registró un crecimiento anualizado de 141,5% entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2014. De no corregirse las distorsiones económicas, la inflación al cierre de 2016 podría llegar a 720%, según el Fondo Monetario Internacional.

Las señales económicas del Gobierno también han apuntado a estimular la productividad interna mediante el establecimiento de mesas de trabajo con empresarios de sectores económicos considerados prioritarios, estableció un sistema centralizado de compras públicas orientado a empresas nacionales y autorizó a los exportadores a cambiar las divisas obtenidas en sus ventas a la tasa de cambio del Simadi (apróx. Bs. 200 por dólar estadounidense).

Pero aún se desconocen las definiciones sobre qué pasará con el control de cambio o en cuánto se va a aumentar la gasolina y cuál va a ser el destino de esos recursos.

En paralelo al Gobierno, hay otros actores que han planteado medidas económicas como la Asamblea Nacional, que se propone volver a reformar la ley del Banco Central de Venezuela para restituirle su autonomía o la propuesta de ley de Producción Nacional, que aún está por conocerse su contenido.

En el sector agroalimentario, Cavidea y las Empresas Polar han propuesto actualizar los precios de varios rubros alimenticios para mejorar la rentabilidad, garantizar divisas para importar materias primas necesarias para reactivar líneas de producción, entre otras medidas.

Sin embargo, a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el Gobierno tiene la opción jurídica de impedir cualquier iniciativa económica que promulgue el Poder Legislativo. Lo que resalta la necesidad de un diálogo entre factores políticos, empresariales y laborales para acordar un plan económico que permita al país aminorar los efectos más agudos de la crisis económica.