Si en el transcurso de la historia siempre se ha impuesto el capitalismo del Estado y los grandes magnates de las empresas comerciantes y entidades financieras ante el ciudadano medio, no ha sido por la creación y formación de los monopolios que acaparan el poder económico político y social por el sólo haber de un per cápita, sino porque desde su más ínfima estructura han sabido reorganizarse mejor que el resto de todos aquellos ciudadanos medios que forman y constituyen el verdadero poder de un pueblo. El poder no lo tiene quién más tenga en su haber, sino quien mejor sepa reorganizarse; y la reorganización se consigue mediante acuerdos o pactos que conlleve a mejorar necesidades e intereses comunes.
Si la actual política de este país es inestable no es por falta de un per cápita o de la productividad del consumismo, sino por la falta de acuerdos o pactos entre las diferentes y diversas posiciones políticas extremas que no hacen más que dificultar la propia reorganización del Estado siempre en perjuicio del ciudadano medio. El problema radica de un sistema democrático no moderado donde dirigentes políticos de posiciones extremas intransigentes se creen con el libre derecho de no tolerar todo aquello que vaya contra sus propios intereses olvidando los derechos comunes que han de compartir en representación de las necesidades e intereses de cada uno de los ciudadanos independientemente de cada una de las autonomías a las que corresponda y cuyo único apoyo ante la vulnerabilidad del sistema democrático vigente lo tiene en la Legislación.
En un sistema democrático debería de predominar el compartimiento de los derechos humanos por medio de la comprensión, aceptación e integración de la diversidad de diferencias de identidades individuales de una sociedad reorganizada en la valoración de esfuerzos y rendimientos comunes s0bre cualquier sistema legislativo. Pero si hoy predomina el sistema legislativo sobre el sentido común democrático será porque el sentido común es el menos común que se tiene de todos los sentidos. Y esta es la consecuencia de que una democracia débil y tambaleante se tenga que reforzar y estabilizar con un poder legislativo de donde emanen todos los demás poderes y competencias institucionales. Porque se apoya más en una reorganización impuesta por el derecho, que por el derecho a imponerse por unanimidad.
Si los sindicatos que reivindican los derechos de los trabajadores no son efectivos, no es porque las cuotas que se paguen sean bajas, sino por falta de afiliados y de coordinación reorganizada. La reorganización que por derecho se impone por unanimidad es la base precursora del poder. Sin unanimidad, no hay derecho ni una buena reorganización; y sin una buena reorganización, tampoco puede haber poder.
De nada sirve que haya unos principios democráticos constitucionales, unos estatutos y una legislación, si el ciudadano medio no se reorganiza debidamente para reclamar lo que por derecho le corresponde en los organismos institucionales competentes. No sólo basta con críticar las injusticias social políticas económicas de un país, también hay que actuar, recurriendo legalmente a lo que haga falta para poder hacer valer nuestros derechos. Si los poderosos juegan con los derechos y necesidades del ciudadano medio, también el ciudadano medio debe de jugar con las necesidades y derechos de los poderosos. En un sistema social democrático y constitucional siempre tiene que haber una equidad, y quien mejor sabe jugar con esa equidad de valores es el que más conocimiento tiene de los derechos que por Ley le corresponde a cada uno de los ciudadanos.
No sólo hay que saber reorganizarse a nivel de unidad, sino también a nivel de conocimiento.
Autor: Augusto González González
Web: http://www.elmetrogay.com
E-Mail: metrogay@elmetrogay.com
Fuente del artículo http://www.articulo.org/autores_perfil.php?autor=43
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