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La razón de la sin razón

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La razón de la sin razón

En tiempos de injusticia, es peligroso tener razón

Anónimo

Mi artículo “La oculta filosofía de la laicidad”, ha suscitado una airada reacción por parte de algunos lectores a los que de antemano agradezco muy sinceramente el tiempo y atención que han dedicado a mis modestas ideas.

Cuando escribo, solo pretendo expresar lo que pienso sobre un tema determinado, sin pretender en ningún momento estar en posesión de la verdad. Posiblemente, como humano y consciente de lo muchísimo que aún me queda por aprender, mis pensamientos estarán llenos de imperfecciones y carencias, de ahí que con frecuencia trate de apoyarme en la rigurosidad textual de las afirmaciones de aquellas personas a quienes pueda referirme y en los siempre inapelables, perseverantes e intransigentes datos de la historia.

Por cuanto es necesaria y beneficiosa para quien la reciba, bienvenida sea  por tanto la crítica, siempre y cuando esté sustentada en el rigor intelectual, en el conocimiento, en el ejercicio de la razón y no en la afirmación y descalificación gratuita, porque estas son la razón de la sinrazón.

Pero antes de entrar en las discrepancias puntuales que mi artículo haya podido producir, dejemos constancia de una realidad jurídica insoslayable, porque es a partir de esa realidad —nos guste o no— de donde tenemos que partir para analizar primero y poder enjuiciar después, las acciones de los políticos que dicen representarnos.

EL artículo 16,3 de la Constitución Española, establece el principio de la aconfesionalidad del Estado al declarar que:

«Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones».

Así de claro, la Carta Magna española, excluye la posibilidad de un estado laico o independiente de cualquier organización o confesión religiosa.

Según nuestra Ley de leyes, el Estado español, no puede ser indiferente ante el hecho religioso y está obligado a cooperar con las distintas confesiones y muy en particular con la Iglesia católica. Por el contrario; en este aspecto, demanda imperativamente de los poderes públicos no hacer caso omiso —“tendrán en cuenta” y “mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación”— de las creencias religiosas de los ciudadanos. Nos guste o no, la Constitución no dice que España sea un Estado laico, sino todo lo contrario.

Lo que la Constitución dice es que: “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, frase a la que la izquierda española se acoge hoy y con la que intenta confundir a la opinión pública española haciéndola creer que la misma puede asimilarse a una interpretación laicista, para así, a su amparo, imponer sus tesis ideológicas, cuyos lamentables resultados prácticos, bien se pudieron comprobar con la aprobación de la Constitución de 1931, que de facto, impuso un Estado laico, en función de lo dispuesto fundamentalmente, en sus artículos 25, 26 y 27 y en su artículo 48, en el que se decía: “La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.”.

Corriendo el riesgo de ser reiterativo y para aquellos que aún no tuvieren  suficientemente clara la diferencia existente entre la aconfesionalidad y laicismo, conviene aclarar que el Estado aconfesional[1] es el que sin declararse oficialmente seguidor de ningún credo religioso, sí los respeta a todos y, por supuesto, garantiza la libertad religiosa y de culto de los ciudadanos, con todas las consecuencias, en contraposición con el estado laicista[2], que ignora deliberadamente las creencias religiosas de sus ciudadanos, y cuyo único mandato a sus gobernantes respecto de la religión, es precisamente no tener en cuenta las creencias religiosas de nadie y actuar independientemente de ellas, imponiendo por tanto su propia ideología.

Habiendo por tanto, dejado bien claro que España no es un Estado laico sino aconfesional y siendo la Constitución la Ley Española de mayor rango, a la que han de adecuarse todas las demás leyes y la actuación de los poderes públicos, parece que una consecuencia justa es que las leyes y la actuación del Gobierno deben, no como quien hace un favor sino como quien cumple un mandato del pueblo, tener en cuenta y respetar las creencias religiosas de la gente y mantener relaciones de cooperación con las confesiones religiosas. Les copio lo que dice el diccionario de la Real Academia Española que es cooperar: “Obrar, colaborar con otro u otros para un mismo fin”.

A tenor de la lógica aplicación de la Ley, tanto Zerolo —perdón pero sigo sin poder despejar la ecuación del artículo gramatical que debo anteponerle— como munícipes de otros ayuntamientos de izquierdas, hace tiempo que vienen haciendo mofa de este mandato constitucional, efectuando ceremonias no previstas en ningún tipo de legislación vigente, porque no tienen ningún tipo de trascendencia en las leyes civiles, pero equiparándolas al bautizo religioso, lo que no puede dejar de considerarse por los católicos como una falta de respeto a la libertad de creencias y una auténtica provocación, ya que la frivolización de estos actos, solo pretende sembrar en la opinión pública una intencionada tergiversación, a través de la cual, llegar a sustituir el sagrado ritual de un sacramento, por una pretenciosa y politizada ceremonia. Y todo ello con el silencio cómplice y complaciente de las instancias superiores del Estado, porque al ignorar este mandato constitucional con un hecho aparentemente banal, se abre la puerta a un acto de muchísimo mayor calado en la configuración del pensamiento de las futuras generaciones, como es la vulneración de la libertad de enseñanza, en su aspecto de garantía del derecho de los padres a elegir la formación religiosa para sus hijos, prevista en el artículo 27 de la Constitución española vigente.

Especialmente importante en este momento, es recordar que la Constitución atribuye a los padres, y no al Estado, la elección de la orientación religiosa de la educación de sus hijos.

Las palabras son bastante claras. Y el Gobierno lo sabe. Y el Partido Socialista también. No obstante, ambos han dado a entender y claras muestras están dando, de que la situación no es de su agrado y buscan redirigirla mediante la reforma de distintas leyes —les da igual que sean constitucionales o no— para no tener que abordar el complejo y dilatado mecanismo que supone modificar el marco constitucional, para lo cual precisarían inicialmente, el voto favorable de los 3/5 de cada una de las cámaras, cifra que no alcanzan ni por aproximación.

En definitiva, están modificando la Constitución por la puerta de atrás, a través de leyes claramente inconstitucionales, que aunque sean impugnadas por la oposición, el defensor del pueblo o la sociedad civil, al ritmo que en estos aspectos funciona el Tribunal Constitucional —obsérvese el desarrollo de la impugnación del Estatuto de Cataluña— el Gobierno, al igual que hizo el Burlador de Sevilla en la obra de Tirso de Molina, bien puede cruzar sus brazos, prorrumpir una sonora carcajada, y responder: “!largo me lo fiáis! ...”, porque entre si se resuelve o no la impugnación, dichas leyes se ponen en marcha, pasan los años, la sociedad se va a habituando a ellas como un mal irremediable y al cabo de los años, vaya usted a saber cual puede ser el fallo del citado tribunal.

En definitiva, que por la vía de los hechos consumados, se va construyendo un nuevo tejido social —analícese el resultado del odio a España sembrado en las nuevas generaciones por los partidos nacionalistas en sus respectivos territorios— en el que los valores del humanismo cristiano, en los que durante mas de dos mil años hemos venido asentando toda nuestra estructura jurídica, política y social, están siendo sistemáticamente sustituidos por nuevos ídolos materializados por el poder: el dinero, la popularidad, el hedonismo, el sexo y las ideologías, deshumanizándonos; apoderándose de nosotros; destruyendo el que hasta ahora ha sido el núcleo vital del concepto de la familia, eje y soporte de nuestra estructura social y hasta la propia esencia del individúo como ser humano. A este paso, dentro de unos años, como decía Alfonso Guerra, a España y a los españoles, no nos va a conocer ni la madre que nos parió y aquí todos tan contentos. Cada uno a lo suyo y pasando.

Pero no creamos que nuestra pasividad e indiferencia, va a eludir el pago por nuestra parte y quizá el de las generaciones que nos sucedan, de una muy costosa factura.

En estas tristes circunstancias, quizá fuera oportuno recordar la célebre frase del pastor protestante alemán Martin Niemoeller, aunque falsamente atribuida a Bertolt Brecht, que con motivo de la progresiva persecución efectuada por los nazis en Alemania, dice: “Primero vinieron a por los comunistas, pero yo no era comunista, no alcé la voz. Luego vinieron a por los socialistas y los sindicalistas, pero, como yo no era ninguna de las dos cosas, tampoco alcé la voz. Después vinieron a por los judíos, y como yo no soy judío, tampoco alcé la voz. Y cuando vinieron a por mí, ya no quedaba nadie que alzara la voz para defenderme”

Con una naturalidad verdaderamente inquietante, hemos aceptado casi como su fuera el Evangelio, el que por parte de la izquierda española de forma expresa y arrojadiza y por parte de la derecha de forma callada y vergonzante, permanentemente se siga acudiendo como causa de todos nuestros males, al tópico de Franco y al alzamiento militar de 1936, después de 34 años de su muerte y de 73 de haberse producido el triste episodio de la guerra civil española. Resulta el recurso infalible para culparle de todos aquellos males acaecidos en España, los que estamos viviendo y los que nos hayan de sobrevenir dentro de cien años. Burda y demagógica táctica esta para ocultar la propia incapacidad de quienes nos dirigen, que aún sigue surtiendo su efecto en los sectores más iletrados de espíritu sencillo y simple, gracias a la amplificación que estas consignas encuentran, en la mayoría de medios de comunicación sumisos o afectos al poder y generosamente tratados por este. Pero resulta una ofensa para la inteligencia admitir simple y llanamente esta excusa tan tosca y grosera, cuando después de 31 años de democracia, la izquierda ha estado 20 de ellos ostentando las responsabilidades del gobierno de la nación y en algunas autonomías como Andalucía y Extremadura —precisamente las más pobres y atrasadas— siempre. Yo me pregunto: ¿Cuánto tiempo necesita la izquierda para corregir, perfeccionar, hacer o deshacer la obra de Franco? Profundizar con rigor y veracidad en estos temas, con seguridad nos conduciría a resultados sorprendentes —para muchas generaciones desconocidos— que pondrían al descubierto las demagógicas falacias de la izquierda española. Una izquierda que se quedó sin discurso con el fracaso de la revolución cultural de Mao —esa pesadilla de fanatismo y destrucción que costó más de diez millones de muertos— y el colapso del bloque socialista europeo que fue el resultado de la desaparición de la que fuera una de las mas grandes potencias de la historia: la Unión Soviética, que se desplomó como castillo de naipes, produciendo su desintegración y el ocaso del muro del Berlín. Una izquierda española que, perdida y desorientada, ahora, con la sectaria Ley de la Memoria Histórica, pretende ganar en España una guerra que perdió hace 70 años y de la que no resulta políticamente correcto analizar cual fue la semilla, ni quien la sembró, que produjo ese horrendo desastre.

Pero ya se sabe: “Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata”, que en el argot mexicano significa “ganar como sea”. ¿Recuerdan ustedes aquella frase que captó un micrófono indiscreto y en la que el actual jefe del ejecutivo español Sr. Rodríguez, dirigió en la Cumbre Euromediterránea de Barcelona en el año 2005 a su director del área internacional, Carles Casajuana, cuando las negociaciones estaban a punto de fracasar?: "cerrar" un texto "como sea". '¡Hay que cerrar un texto como sea, vamos!'.

Podría aquí añadir alguna frase llena de ironía y mordacidad sobre la intencionalidad de lograr los objetivos perseguidos "como sea". Pero dada la enorme gravedad de las consecuencias de esta forma de actuar, prefiero recordar la frase de Jacinto Benavente: "La ironía es una tristeza que no puede llorar y sonríe".

Hoy nos asombramos a diario de las actitudes, gestos y decisiones del actual jefe del Ejecutivo socialista español. Pero quizá las comprendiésemos mejor si hiciésemos algo de historia, en la mayor parte de las ocasiones, no demasiado difundida.

En 1910, Pablo Iglesias —fundador del PSOE— ya aplicaba el principio del "como sea", pronunciando en el Parlamento estas palabras: “El PSOE viene a buscar aquí (al Parlamento), a este cuerpo de carácter eminentemente burgués, lo que de utilidad pueda hallar, pero la totalidad de su ideal no está aquí. La totalidad ha de ser obtenida de otro modo. Mi partido está en la legalidad mientras ésta le permita adquirir lo que necesita; fuera cuando ella no le permita alcanzar sus aspiraciones”. Es decir: “como sea”.

Tras haber sentado en el banquillo de los acusados en 1966 a un Delegado Provincial de los Sindicatos verticales de la época franquista y Jefe Provincial del Movimiento —por aquella época virrey de la provincia— con el consiguiente riesgo de haber dado con mis pobres huesos en la cárcel, creo que nadie tendrá la osadía de tildarme de fascista, franquista, facha o cualquiera otro de los respetuosos epítetos que la izquierda española utiliza contra quienes no estamos de acuerdo con sus postulados.

Pido perdón a los lectores por haberme tomado esta licencia personal, pero creo que la misma me proporciona la fuerza moral y política necesaria para afirmar seguidamente que la proclamación de la II República Española, fue un acto de fuerza ilegal[3], basado en la filosofía anteriormente expuesta de Pablo Iglesias.

El 13 de abril de 1931 tuvieron lugar unas elecciones municipales, ni siquiera Legislativas y por supuesto no Constituyentes. De ellas solamente se podía derivar, legalmente, la constitución y composición de todos los ayuntamientos de España y solamente de los ayuntamientos. Según Tuñón de Lara, que no parece sospechoso de parcialidad monárquica, salieron elegidos 22.150 concejales monárquicos y 5.775 republicanos. Las cifras oficiales no fueron publicadas nunca, y con variaciones en las cantidades, pero no significativas en la proporcionalidad, el triunfo de las candidaturas monárquicas ha sido admitido por la totalidad de los historiadores de este período. Dice el historiador Ricardo de la Cierva[4] que la ocupación del poder por el Comité revolucionario el 14 de abril de 1931, fue un golpe de Estado.

El mismo día en que tuvieron lugar dichas elecciones, Alcalá Zamora —en esa fecha Presidente del improvisado Gobierno Provisional de la República— exige, ilegalmente, la marcha del rey antes de la puesta del sol del siguiente día 14. Las masas furiosamente vociferantes se concentran ante las puertas del palacio real. Para evitar el menor derramamiento de sangre, Alfonso XIII sale por la puerta del Campo del Moro, ya que había sido advertido del peligro existente para su seguridad física. El Rey se traslada en automóvil a Cartagena desde donde parte hacia el exilio.

De los doce miembros del Gobierno Provisional que se forma, según Ricardo de la Cierva, seis eran afiliados a la Masonería. Pequeño detalle que podría explicar, en parte, que ya en los días 11, 12 y 13 de mayo de 1931 ardieran 107 iglesias y conventos en 10 capitales distintas: Madrid, Zaragoza, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva. Consta que ardieron bastantes más que no han sido contabilizadas. Miguel Maura, ministro de la Gobernación, pidió permiso al Consejo de Ministros para que las Fuerzas de Seguridad evitasen esos desmanes. El Consejo negó por votación ese permiso. Quedaba introducido por tanto, el todo vale o como sea, contra cualquiera que pensase distinto.

De este modo quedaban frustradas las esperanzas de hombres como Ortega y Gasset, protagonistas del cambio de régimen y que fue el momento en el que alzó su voz con su universal y famoso “¡No es esto, no es esto!”.

Los comentarios que Ángel Maestro hace al libro de R. de la Cierva, “El 18 de julio no fue un golpe militar fascista”, Ed. Fénix, Madrid, 1999, ponen de relieve la similitud de actitudes por parte del PSOE de 1931, con el actual.

“El autor retrata a Azaña —posterior presidente del Gobierno de la República— como un jacobino, afiliado a la masonería, anticatólico y antimilitarista, inclinado a la prepotencia y la arbitrariedad. La negativa a aceptar el resultado derechista de las elecciones de 1934 demostró que Azaña no era demócrata. Tampoco actuó como un liberal, pues cercenó las libertades religiosa y de enseñanza, así como la de expresión con frecuente recurso a la previa censura gubernativa, e ignoró a la oposición. Era “intolerante e intransigente y despreciaba a sus adversarios, además de impedirles el ejercicio de sus libertades”. Y no hizo reforma positiva alguna, ni siquiera la agraria o la bancaria. “No gobernó con la razón, sino con la sinrazón, no para todos los españoles, sino para media España en contra de otra media.” No sé si esta actitud de hace más de tres cuartos de siglo, traerá a la mente alguna semejanza con la actual que estamos sufriendo.

Los dos hombres clave de la II República fueron los Presidentes de Gobierno, Manuel Azaña y Francisco Largo Caballero. Sin su eficaz cooperación no se hubiera podido llegar hasta las dos tristes guerras civiles que sufrimos.

El 30 de agosto de 1934, el demócrata Manuel Azaña afirma: "si la CEDA —equivalente al PP actual— ganadora de las democráticas elecciones de 1933, (realizadas con normas dadas y regidas por el propio gobierno republicano de Azaña), reclama el poder que le corresponde, la izquierda se lo impedirá, incluso mediante la revolución violenta". Obsérvese la constante de la izquierda en la ocupación del poder como sea.

De Largo Caballero dice Salvador de Madariaga: "No ocultó jamás su intención. Siempre fue su propósito llevar a España a una dictadura del proletariado". Dos guerras civiles llevan el sello de Largo Caballero en sus intentos por encontrar una vía rápida a su proyecto.

La primera surge tras las elecciones de noviembre de 1933 que fueron perdidas por el PSOE, pero no acatadas y comenzó a preparar la rebelión armada con el fin de conquistar por la fuerza de las armas lo que le habían negado las urnas. El 11 de septiembre de 1934 la guardia civil descubre que un gran alijo de armas transportado por el navío Turquesa, estaba siendo desembarcado bajo la inspección personal de Indalecio Prieto como ministro de Obras Públicas, a camiones de la Diputación de Asturias regida por los socialistas. Se preparaba la insurrección.

Pero la prueba definitiva contra la legitimidad de la II República, fue la revolución de octubre de 1934, organizada por los socialistas y sus aliados de la izquierda. Cita el famoso texto de S. de Madariaga: “Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió toda sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936”.

Sobre este particular, conviene sacar a la luz los documentos socialistas exhumados por Pío Moa sobre las directas y principales responsabilidades del PSOE en la cruenta revolución de octubre de 1934. Los documentos que transcribe el autor son verdaderamente abrumadores por su crueldad, ya que incitan al secuestro y asesinato, así como al robo. La progresiva degradación de la II República está someramente descrita en el Dictamen de Burgos (1938), que es reproducido parcialmente. Pero el autor va más lejos: «Las elecciones de febrero de 1936 fueron antidemocráticas». Y cita la opinión de J. M. Gil-Robles: la mayoría frentepopulista se logró en 1936 en segunda vuelta mediante la inicua anulación de actas derechistas. Para remate se destituyó ilegalmente a Alcalá Zamora como presidente de la República, por oponerse al frentepopulismo revolucionario. Finalmente, recordemos el asesinato del jefe de la oposición, Calvo Sotelo, por guardias de asalto. Así fue el supuesto paraíso democrático destruido por unos curas y militares «fascistas».

Por tanto queda claro que la segunda guerra va a ser la consecuencia de las elecciones del 16 de febrero de 1936. Portela Valladares —Presidente del Consejo de Ministros—   abandonó el poder sin haberse hecho público los resultados y sin esperar a la segunda vuelta. El Frente Popular se hizo cargo del gobierno ilegalmente y manipuló las actas con toda clase de pucherazos y trampas, hasta que resultó ganador ya en esta primera vuelta, según demuestran las últimas investigaciones de los historiadores.

Gil Robles, como jefe de la oposición, informa a las cortes reunidas el 15 de junio de 1936 que desde el 16 de febrero a ese día habían sido destruidas totalmente 196 iglesias, se habían perpetrado 334 asesinatos, 78 centros políticos fueron destruidos, hubo 192 huelgas generales y 10 periódicos deshechos. Había un peligro cierto de aniquilación sobre esa "media España que no se resignaba a morir".

Tenemos probadas las funestas consecuencias de nuestras dos repúblicas. La acción del Presidente del ejecutivo español actual, nos está aproximando peligrosamente, a lo que fueron nuestras repúblicas:

Rompiendo todos los pactos de Estado que había suscritos entre PP y PSOE, algunos firmado por el propio Sr., Rodríguez, como el Pacto Antiterrorista. Ignorando absolutamente a la oposición, que representa a media España. Tratando de eliminarla del mapa político español, organizando el cordón sanitario que supuso el Pacto del Tinell, a cambio de abdicar de sus obligaciones como Presidente de todos los españoles y cediendo a las interesadas ambiciones partidistas de las fuerzas políticas nacionalistas y de extrema izquierda. Ignorando a las víctimas del terrorismo y negociando con lo asesinos a alguno de los cuales ha llegado a calificar como de hombre de paz. Haciendo de la demagogia y la mentira la base permanente de su discurso. Pretendiendo amordazar a los legítimos representantes de la Iglesia Católica, reconocida en nuestra Constitución con el mandato imperativo de mantener con ella una política de cooperación. Propugnando la ampliación de leyes sanguinarias como la del aborto que va a hacer de España el paraíso de la muerte, a la que —muy probablemente—  sobrevendrá la Ley de la Eutanasia. Permitiendo que una menor aborte sin el consentimiento de sus padres, socavando con ello la Patria Potestad de los mismos y sustituyéndola por la del Estado. Promoviendo la Ley de la memoria histórica, tratando de santificar la República y poco menos que beatificar a todos aquellos que se dedicaron a incendiar Iglesias y asesinar indiscriminadamente a sacerdotes, monjas, ancianos, mujeres y niños, por el simple hecho de ser creyentes o estar educándose en un colegio religioso. Promulgando la Ley de Educación para la Ciudadanía, a semejanza de los Principios Fundamentales del Movimiento del franquismo, e impregnando en las mentes de nuestros niños y adolescentes toda una ingeniería ideológica moral y afectiva que está fuera de sus atribuciones y competencias. Hundiendo a España en la depresión mas grande que ha conocido en mas de medio siglo. Diciendo que el concepto de Nación, es un concepto discutido y discutible. Permitiendo a partir de esas manifestaciones, que se haga mofa y rechazo público de las enseñas nacionales, tanto dentro como fuera de España, incluso en presencia de la más alta magistratura del Estado. Recientemente en la mesa de negociación por el Pacto Social ¿Qué ha hecho? En vez de agotar las vías de negociación intentando acercar a las partes, demonizar a los empresarios, que son los únicos que crean los puestos de trabajo, que representan la riqueza de cualquier país. Esta actitud, al tiempo que  presentaba ante la ciudadanía un culpable, por contraposición le permitía  presentarse como el ángel salvador de los trabajadores. Y esto no es más que una pequeña muestra de la larga serie de medidas que ha adoptado en clave electoral y populista, a base de reabrir las heridas de las dos Españas que habían quedado cerradas con la aprobación de nuestra Carta Magna en 1978.

Hacer esto con un pueblo por el simple hecho de mantenerse en el poder, no es deleznable; es simplemente diabólico, perverso, infame, y su proceder oportunista basado en la mentira constante con la mirada puesta siempre en el voto, impropia de un hombre de estado que trata de promover el bien de su pueblo. Por tanto, examinando los antecedentes históricos de la izquierda y comparándolos con su proceder de hoy, dije entonces y me ratifico ahora, en que la izquierda española ha demostrado sobradamente, que en vez de fijar sus objetivos en un futuro en el que reine la armonía, la paz, la prosperidad y la colaboración entre todos los españoles, nostálgicamente sigue anclada en la noche oscura del pasado y sus prejuicios, haciendo suyas las prácticas antidemocráticas, sanguinarias y cristianofóbicas, de las que todos los españoles venimos siendo sufridores testigos.

Y la Jefatura del Estado, no parece ser precisamente, un talismán que esté dispuesto a corregir el mal rumbo que llevamos.

César Valdeolmillos Alonso.

[1] Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua el vocablo “aconfesional” significa: “Que no pertenece a ninguna confesión religiosa”.

[2] Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua el vocablo “laicidad” significa:         “Cualidad de la sociedad, el Estado o las instituciones que actúan y funcionan de manera independiente    de la influencia de la religión y de la Iglesia”

[3] “La segunda República” de Ricardo de la Cierva.

[4] “El 18 de julio no fue un golpe militar fascista” de Ricardo de la Cierva. Ed. Fénix, Madrid, 1999

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