Entre argumentos y reflexiones -El virus del rezago en los

Hace casi veinte años, cuando me encontraba cursando el cuarto o quinto semestre de la licenciatura en derecho, por primera vez tuve conciencia de lo que en la realidad práctica es el Poder Judicial, su función social y su integración.

Desde entonces advertí que tanto a nivel estatal como federal, una constante preocupación en los organismos que intervienen dentro del dicho poder público, es la relativa al rezago laboral.

Más de diez años, de los veinte a que me remonto, he laborado en órganos del Poder Judicial, ya sea local o federal, por lo que he sido testigo de las acciones institucionalmente implementadas con la intención de “resolver el problema”, entre otros, se han hecho ajustes organizacionales, se han implementado modernos sistemas acordes a los cambios tecnológicos; se ha incrementado el número de órganos jurisdiccionales; se han hecho reformas a las leyes respectivas; e incluso, se ha impulsado la transición del sistema escrito a un sistema oral; sin embargo, transcurrido el tiempo veo con tristeza que la situación en realidad no ha cambiado, los órganos del Poder Judicial, pero principalmente los jurisdiccionales, siguen presentando el mismo problema, entonces me pregunto, ¿definitivamente estamos condenados a convivir con el problema del rezago laboral?, en su caso ¿cuáles son las causas del problema?

Un aspecto importante que he advertido, es que los titulares de los órganos jurisdiccionales, inmersos en la función principal de su rol, que indudablemente lo es la actividad jurisdiccional, se olvidan por completo del aspecto administrativo del órgano que presiden, y es precisamente ahí donde planteo mi interrogante:

¿Por qué el titular de un órgano jurisdiccional del Poder Judicial, debe administrar los recursos y procedimientos que influyen y conforman el proceso de la administración de justicia?

En el mensaje de introducción del respectivo Código de Ética, encontré que “el Poder Judicial de la Federación es el encargado de defender el orden constitucional y de lograr que, en los conflictos, se imparta justicia. Por ello, es una columna vertebral en el buen funcionamiento de la sociedad.”

De lo que, sin mayor preámbulo, deriva que la función vital de un órgano jurisdiccional, en este caso, como ente conformador del Poder Judicial de la Federación, es la de administrar justicia en los asuntos que en el ámbito de su competencia, sean de naturaleza federal.

Pero, entonces resulta una pregunta tan obvia y aparentemente frívola, que por lo regular, se tiende a pasarla por alto, sin reparar en las consecuencias que ello tendrá, dicha pregunta es: ¿qué tan importante puede ser para el titular de un juzgado, cuya función vital, por su calidad de órgano jurisdiccional, consiste en impartir justicia en los ámbitos de su competencia, administrar debidamente los recursos y procedimientos que influyen y conforman el proceso vital de su objeto social?

Actualmente me desempeño como secretario de juzgado responsable de la mesa de trámite en materia penal en un juzgado de distrito, por ende, haré mi presente exposición con base en mi experiencia personal, refiriéndome principalmente al órgano jurisdiccional para el que laboro y a la citada área penal.

No debemos confundir el vocablo “administración” en el sentido que ahora nos interesa, es decir, la función que cierta persona u organismo realiza con la intención de dirigir una empresa o institución, o lo que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define como: “(Del lat. administrare.) tr. Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. // [tr.]Graduar o dosificar el uso de alguna cosa, para obtener mayor rendimiento de ella o para que produzca mejor efecto. Con su diversa acepción, entendida más bien como sinónimo de “impartición”, que en la especie igualmente resulta aplicable, pues indiscutiblemente, habremos de hablar de administración de justicia, que según el propio Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española consiste en “la acción de los tribunales a quienes pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, y cuyas funciones son juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.”

Aunado a lo anterior, si tomamos en consideración que “un tribunal es una agrupación de personas que desempeña una labor determinada, un medio o instrumento para la realización de un fin. Más que un órgano, es una organización: una agrupación de personas que buscan un objetivo determinado o realizan una cierta función, un conjunto de personas con los medios adecuados que funcionan para alcanzar un fin determinado”; habremos de aceptar, que la atinada dirección de dicho tribunal, exigirá de su titular, la efectiva administración de los recursos materiales y humanos con miras a satisfacer en los individuos que demandan la actividad jurisdiccional, las expectativas que en la actualidad, la generalidad exige en la prestación de un servicio en particular.

Luego, creo que podemos englobar las funciones de un órgano jurisdiccional bajo las siguientes tres principales funciones:

* Impartir Justicia.

* Administrar los recursos y procedimientos relacionados con el proceso.

* Dar atención directa al público.

Ahora bien, partiendo de la premisa fundamental de que todo aquello que no puedes administrar, no lo puedes controlar, resulta innegable que el verdadero funcionamiento de la organización, dependerá en su mayoría del nivel de control que el titular de la organización ejerza sobre los recursos materiales y principalmente sobre los recursos humanos de que legalmente disponga para cumplir con la función jurisdiccional, lo que muy de continuo, se verá entorpecido por la serie de “barreras” de índole técnica, burocrática y económica, entre otras, que cotidianamente y derivadas de diversas causas y circunstancias, se presentarán ante cualquier organización con la naturaleza de un órgano jurisdiccional.

En efecto, un bosquejo de todo aquello que en mi concepto puede influir en forma negativa para el funcionamiento de un órgano jurisdiccional, me permitió ubicar como tales los siguientes:

Problema

en la:

Que afecta a la:

Accesibilidad al servicio

Eficiencia (celeridad)

Independencia

Organización

Incorrecta distribución de la carga laboral

Actitud de indiferencia por los servidores públicos

Infraestructura informática obsoleta o infuncional

Horarios restringidos y coincidentes con los horarios laborales de la generalidad

Falta de un seguimiento riguroso al trámite de promociones recibidas.

Falta de planeación

Falta de una revisión o supervisión continua y eficaz de las labores desarrolladas por órganos de control

Falta de identidad entre el personal

Resistencia al uso óptimo de los recursos informáticos

Falta de convicción institucional

Forma irregular de arribar a los “grados” de la carrera judicial

Falta de supervisión por órganos superiores

Inseguridad en el cargo

Vinculación a otras dependencias o personas.

Procesal

Inexistencia de un diagrama de flujo que sirva de modelo en los procedimientos realizados

Falta de control y clasificación de la información

Falta de control de los expedientes relativos a los juicios

Deficiencia en los medios y mecanismos de información procesal a las partes dentro de los juicios

Arraigo de paradigmas obsoletos o infuncionales en los procedimientos aplicados durante la función.

Falta de mecanismos de seguridad y control de los procedimientos

Resistencia del personal al cambio entendido como un rediseño de los procesos

Incumplimiento, en cuanto al término previsto por la ley, a la emisión de resoluciones y práctica de actos procesales

Falta de seguimiento a los juicios durante su instrucción o integración procesal

Diversidad de criterios para resolver

Administración

D eficiencias en las instalaciones del edificio

Deficiencia en los medios y mecanismos de información al público en general respecto de las funciones y actividades correspondientes al órgano

Falta de recursos materiales

Falta de especialización de los funcionarios

Falta de recursos humanos

Falta de perfil laboral en el personal básico de los juzgados

Falta de actualización y capacitación en el titular del órgano jurisdiccional

Ineficaz mantenimiento a los equipos y sistemas

Falta de actualización y capacitación en el titular del órgano jurisdiccional

Por otra parte, en cuanto al criterio que en forma subjetiva se define ante la necesidad de administrar una organización; al respecto, aun siendo un resultado esperado, se materializó en forma muy indicativa el corolario de una encuesta practicada juntamente con un grupo de compañeros, dentro del órgano jurisdiccional en el cual laboramos, en el que luego de establecer a las medidas más factibles de aplicar, los aspectos menos atendidos, aquellos que nos perjudica más no atenderlos y aquellos que generan mayor beneficio al atenderlos, como principales aspectos a considerar por el titular de determinado organismo, obtuvimos lo siguiente:

Encuesta:

Atendie ndo a la importancia que, en tu concepto,

tienen los siguientes aspectos,

si tu fueras titular del órgano jurisdiccional,

E n qué orden atenderías cada uno de ellos?

Aspecto:

Resu ltado:

Medidas más factible de aplicar

25

Aspectos menos atendidos

50

Aquellos que nos perjudica más no atenderlos

80

Aquellos que generan mayor beneficio al atenderlos

45

Result ado que expuesto en forma gráfica se aprecia de la siguiente forma:

En lo personal estimo que sería muy conveniente y por qué no decirlo ilustrativo, el poder establecer con fundamentos sustentables, de entre la eficiencia, la efectividad y la eficacia, qué es lo que más debe tomar en consideración el titular de un órgano jurisdiccional entendido como organización, al establecer su estrategia administrativa dentro del mismo, para ello, conviene, previamente establecer el significado de dichos vocablos, que en términos concretos es el siguiente:

Efectividad la medida en que los objetivos o metas de acción produzcan los efectos buscados o deseados.

Eficiencia la medida en que, para alcanzar los objetivos y las metas que se le fijan, en un periodo determinado, utiliza en forma racional los recurso disponibles; es decir, los maximiza.

Eficacia la medida en que alcanza los objetivos y las metas que se le fijan, en el periodo determinado, con independencia de los costos que ello implique.

En el reseñado contexto, el comprender el proceso vital de todo organismo jurisdiccional depende de la complejidad con la que pretendamos entenderlo, pues en realidad, resulta de lo más sencillo apreciarlo en su más simple expresión, de acuerdo con la siguiente representación gráfica:

Proceso

(Tr