Ayudar a los profesionales Colombianos, una obligación del gobierno

Ninguna familia colombiana puede decir, actualmente, no padecer el grave problema de los profesionales porque en todas ellas hay, por lo menos, una persona educada con miles de privaciones y esfuerzos, en cualquier universidad pública o privada, sacrificando, la mayoría de las veces, las posibilidades de progreso o ascenso social de sus parientes más allegados, cuando no arruinándolos o empobreciéndolos de manera considerable, para después salir con su flamante título de médico o ingeniero o abogado u odontólogo o economista o zootecnista o enfermero o terapista o cualquier otro, al mercado laboral y encontrarse con la triste realidad de deber, necesariamente, recurrir al político mediocre o menos preparado a pedirle un puestico en cualquier entidad pública. ¿La consecuencia? Una terrible frustración no sólo del nuevo profesional sino de toda su familia. ¿Quién tiene la culpa de ésta situación? No nos cabe duda: todos, pero primordialmente el Estado y los entes territoriales. Primero, para decirlo de una forma simple, porque ha sido incapaz de planificar y dirigir políticas educativas conducentes a una mejor distribución de los estudiantes en las diferentes carreras; segundo porque ha sido incapaz de planificar la distribución adecuada de los profesionales en las áreas geográficas en donde, según estudios concienzudos, éstos pudieran prestar sus servicios a la sociedad y a su vez pudieran alcanzar alguna comodidad económica y, en último lugar, porque no ha tenido la más mínima voluntad de ayudar, financiar o subsidiar al egresado, no para comprar un taxi si no para que tener la posibilidad de ejercer su carrera. Para nadie es un secreto que el mayor problema del egresado ya no es, como hace algunos años, la concentración de ellos en los grandes núcleos urbanos sino, precisamente, la carencia absoluta o parcial de medios económicos para organizarse en su oficina, establecimiento o consultorio particular, es decir, para dedicarse de lleno a su ejercicio profesional. ¿Dónde quedan, pues, las obligaciones del Estado para con ese grupo social? ¿No reza, acaso, el art. 25 de la Constitución Nacional: "El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del estado", teniendo todas las personas el derecho a "un trabajo en condiciones dignas y justas"; o el art. 60: "El estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad"; o el art. 334: "... El estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos..."? Pero al decir "Estado" nos estamos refiriendo no sólo al monstruo burocrático nacional sino, también, a nuestro departamento y a nuestros municipios, pues a éstos dos últimos toca el problema, en primera instancia. Sin embargo, tampoco nuestros departamento o municipios han hecho nada por aliviar un poco las necesidades de nuestros profesionales, tal vez con la idea, como sucedió por ejemplo en el caso de la ruina de los cultivadores de maracuyá y como está sucediendo en el caso del problema de la broca, que ese es un asunto de estricta competencia del estado nacional y no de las entidades territoriales, argumento éste, a todas luces, miope e injusto. Son todas éstas las razones para dejarle a la opinión pública una propuesta muy concreta sobre este tema, que debe ser objeto de reflexiones, críticas y perfeccionamiento en un futuro cercano. Creemos que el Departamento del Huila y/o los municipios con alguna importancia presupuestal, basados en el art. 58 de nuestra carta, deben, en primer término, promover las asociaciones de los profesionales por áreas del conocimiento con el fin de darles status de interlocutoras directas y beneficiarias de los proyectos a desarrollar. Una vez constituidas estas formas asociativas, los entes territoriales deberán aplicar los programas de financiación, subsidio o colaboración, diseñados con anticipación por los organismos gubernamentales respectivos, para lograr que los profesionales agrupados de ésta manera puedan desarrollar actividades concretas dentro del ámbito de sus conocimientos y con el respaldo de las autoridades mencionadas. ¿Cuáles serían esas actividades? En el caso de los profesionales del área de la salud se podría ayudarles a montar y a adquirir los elementos necesarios para el funcionamiento de instituciones prestadoras de servicios de salud, pues vemos en la actualidad que esta clase de instituciones no son de propiedad de estos profesionales sino de personas dedicadas a otras actividades. Así mismo el departamento y los municipios podrían contratar con ellas los servicios de asistencia en materia de salud para los empleados oficiales de sus dependencias y para los niños menores de un año que por mandato de la Ley de leyes deben recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del estado; o para los miembros de la tercera edad a los que el estado, al tenor del art. 46 de la Carta Fundamental, debe garantizarles "los servicios de la seguridad social integral". (Esta propuesta ha quedado obsoleta con la aprobación de la Ley 100 de 1993).

En el caso de los profesionales de las áreas jurídicas se podría ayudarles a montar y dotar, debidamente, oficinas bufetes que desempeñarían funciones de consultorios jurídicos populares o de tribunales de arbitramento o de centros de conciliación, pudiendo además el departamento y los municipios contratar con ellos las asesorías y las representaciones judiciales o extrajudiciales, acabando o descongestionando de esta manera las oficinas jurídicas de aquellos entes territoriales que hasta el momento, por una u otra razón no han podido funcionar como se debe.

En el caso de los profesionales de las áreas concernientes al campo se podría ayudarles a adquirir y promover el funcionamiento productivo de fincas, haciendas o granjas integrales o también cederles o venderles las múltiples "granjas experimentales" de propiedad del departamento o de la Nación, con la seguridad de que ellos sabrán utilizarlas con un mejor rendimiento productivo e investigativo. Estas asociaciones de profesionales del campo una vez establecidas y financiadas o subsidiadas también podrían prestar sus servicios de gestión o administración para los dueños de fincas o haciendas que por una u otra razón no pueden o no alcanzan a atenderlas. Con ellos también podría el departamento y los municipios contratar los estudios, planes y programas de desarrollo del sector en sus respectivas áreas de influencia, en lugar de estarlo haciendo, a un costo mucho más elevado, con gente foránea que muchas veces tienen menores capacidades que los nuestros. (En la actualidad, la Ley 160 de 1994 consagra un subsidio para la adquisición de predios rurales a los profesionales del agro, inoperante en la práctica por razones que se explican en el artículo "Perfeccionemos la Ley 160 de 1994").

En el caso de los profesionales de las áreas de la construcción y el desarrollo urbanístico, podríamos ayudarles a financiar, a bajos costos, programas de lotes con servicios o vivienda popular, urbanizaciones, parques recreacionales o sencillamente la construcción de soluciones de vivienda individuales o tantos otros proyectos que sería interminable considerar hoy.

Con los profesionales de las demás áreas podría hacerse lo propio (en otra oportunidad seguiremos discutiendo sobre lo que se nos queda en el tintero para no agotar la paciencia del lector y del Diario del Huila), para lo cual el departamento y los municipios deberán tener una real capacidad inventiva y un ingenio sin límites, hasta lograr intervenir en todas y cada una de ellas. Todo esto, sin descartar la posibilidad de la creación inmediata de un fondo para la ayuda al profesional que desarrollaría programas de financiación o subsidio a profesionales individualmente considerados para los mismos fines. ¿Los recursos del departamento y de los municipios con alguna importancia presupuestal no alcanzan para ello? La clase dirigente no puede darle esa excusa a la opinión después de haber "invertido" decenas de miles de millones, a precios de hoy, en la creación de sociedades de economía mixta casi todas arruinadas hoy y las cuales han enriquecido sólo a unos pocos; o después de gastar anualmente decenas de miles de millones en burocracia improductiva o miles de millones en el pago de una deuda asfixiante a cuyo monto hemos llegado precisamente por la irresponsabilidad de los gestores públicos; o después de promover proyectos innecesarios en donde se comprometerá la inversión social de diez o veinte años del departamento tales como el tal gasoducto al sur (el cual debe ser reemplazado -para eso se creó Neivana de gas- por la construcción de plantas de gas domiciliario en todos los municipios del departamento y en las más importantes inspecciones de policía, a un costo muchas veces menor y con la misma finalidad de llevar el servicio a cada uno de los hogares huilenses), o el todavía más "inteligente" de ¡comprarle la represa de Betania a la Nación!