Sobre la pretendida privatización de AENA

Al hilo de la (salvaje) huelga de controladores, uno de los debates que más gustan en estos momentos a la opinión pública es el que ocupa la venta al sector privado de un significativo porcentaje de AENA.

No pocos escépticos se preguntan sobre la capacidad de obtener ingresos con la venta de una empresa deficitaria y altamente endeudada, mostrándose escépticos cuando la ministra Salgado habla de 8.000 millones.

Quien suscribe, abogado de práctica empresarial, entiende que cuando menos se puede conseguir con ello importantes objetivos, que serán más notorios conforme aumente la participación en manos privadas.

En primer lugar mejorará la gestión de recursos humanos. AENA dejará de ser anfitriona de toda suerte de “enchufismos”. Es de suponer que con carácter previo a la venta habrán de acometerse procesos de optimización y eficiencia. Como abogado laboral entiendo que a través de un expediente de regulación de empleo podrán detectarse tareas que puedan ser suprimidas o redistribuidas.

Al tiempo, la constante problemática de los controladores se mercantilizará y se podrá hablar de trasgresión de la buena fe contractual de este colectivo, lo que conllevará la apertura del despido disciplinario cuando como ha sucedido recientemente ejerzan con abuso el derecho de huelga.

Será igualmente más fácil sustituir controladores humanos por medios tecnológicos, sin tener que soportar presiones mediáticas e injustificadas como sucedió en el Hierro.

También servirá para eludir las demandas de obras aeroportuarias susceptibles de ser tildadas de faraónicas, por parte de las comunidades autónomas. No es superfluo remarcar como la práctica totalidad de la deuda de AENA, cifrada en 14.000€, responden a ejecuciones desproporcionadas en aeropuertos de provincias cuyo flujo de pasajeros recomendaba opciones más funcionales.

Resulta innegable que en la empresa privada todo producto, toda línea de negocio, todo proceso que no sea rentable es continuamente sometido a consideración de mejora. Lo contrario sucede en el sector público, acostumbrado a déficits contantes contra los cuales no se contrarresta medida alguna. Y la suma de diversas optimizaciones conllevaría a buen seguro una mejora de la precaria situación económica nacional.