Reforma a la educación superior: Ley ordinaria o estatutaria

La idea generó molestia pues si bien el medio universitario sabía que el gobierno pensaba proponerla, aspiraba a que como destinatario de tales normas fuera el primero en conocerla.Al leer el primer renglón del proyecto se encuentra un polémico punto que expresa "...La Educación Superior es un servicio público cultural...", cuando la Constitución consagra en su artículo 67 que "... la educación es un derecho de la persona...". Grande es la diferencia que hay entre un derecho y un servicio público. Tal desemejanza lleva a que se proponga como Ley ordinaria cuando los estudiosos señalan que ha debido presentarse como Ley estatutaria. Y las consecuencias de ello son de hondo calado.La Educación Superior tiene dos vertientes desde hace más de un siglo: la universidad pública y la privada. La primera hunde sus raíces en los albores de la República, gracias a la magna obra administrativa y educativa del general Francisco de Paula Santander; la segunda surgió como consecuencia de la libertad de enseñanza para difundir diferentes escuelas del pensamiento.Uno de los pilares que han hecho posible el desarrollo de la República ha sido la Educación Superior Pública. Su espíritu, razón de ser y función, han sido fundamentales para la supervivencia de la nacionalidad, ya que ha contribuido como nadie a que se cierren las brechas sociales, culturales y económicas. Por eso su defensa y mejoramiento son fundamentales.De allí que hay que vigilar que tal tipo de Educación Superior no corra el riesgo de perder competitividad frente a la privada, pues se profundizarían inenarrablemente las brechas e inequidades sociales. Ese punto inquieta a muchas inteligencias ya que puede traer consecuencias no previsibles.

La reforma se presenta como un avance que puede llegar a ser el impulso que necesita el país porque amplía la cobertura, mejora la calidad y permite las ganancias privadas en las Instituciones de Educación Superior, entre otros elementos que defiende un sector educativo.

El otro sector, conformado principalmente por académicos que llevan toda una vida vinculados a la Educación Superior, la califican de imperfecta, poco concreta, que delega en el sector privado una responsabilidad financiera del Estado que es indelegable, que puede provocar la baja de la calidad educativa en la Educación Superior pública y que le resta competitividad a la universidad pública, entre otros aspectos debatibles.

En fin, preocupa que el proyecto arrastre el fantasma de la privatización de la educación pública, halo que es un negro nubarrón y causará turbulencias en los estamentos de las universidades públicas.