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viernes 25 de septiembre del 2020
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La reforma de la educación superior

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Si el Gobierno y las instituciones de educación superior (IES) logran estructurar una reforma cuyo alcance y especificidad cubran todos los aspectos y condiciones para alcanzar los objetivos en cobertura y calidad y fortalecer la universidad pública, bienvenida sea.La estructuración de una reforma acorde con los requerimientos del desarrollo nacional y de la época supone un análisis honesto de la situación económico-financiera de la universidad pública y de la académica de la educación en general, y de decisión política de asumir las responsabilidades administrativas y presupuestales mínimas necesarias para alcanzar los objetivos anunciados.El ordenamiento económico-jurídico, que deviene de la vigencia de la Constitución de 1991, está orientado a servir a un modelo perverso de desarrollo, promocionado por organismos financieros multilaterales, al servicio de los objetivos del consenso de Washington, cuyo fundamento básico es garantizar el libre accionar del capital.Uno de los objetivos y tendencias del modelo económico nacional es la reducción progresiva de la financiación del Estado para sectores garantes de derechos fundamentales como la salud y la educación, para liberar disponibilidad fiscal y asegurar el cumplimiento de los compromisos con el sector financiero nacional e internacional. Lograron ya hacer del sistema de salud un vulgar negocio. Es menester defender la educación pública, en su condición de derecho fundamental.En los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución del 91, la educación deja de ser de responsabilidad única del Estado y pasa a ser compartida con la familia y la sociedad (artículo 69 C. P.)La reducción de la financiación de la universidad pública durante la vigencia de la Ley 30 de 1992 es un hecho innegable y responsable de la crisis financiera, que atenta contra el crecimiento de la cobertura, la calidad académica y el futuro de aquella.En 1993, el aporte presupuestal del Estado representaba el 84 por ciento de los ingresos totales de la universidad pública. Ya en el 2008 se habían reducido al 51 por ciento. La diferencia ha sido cubierta con venta de servicios (del 8 por ciento pasó al 35) y matrículas, que pasaron del 7 al 14 por ciento en el período, de acuerdo con cifras del MEN.El desbalance lo ratifica la comparación del gasto per cápita del presupuesto nacional a las universidades públicas, que entre 1993 y el 2008 pasó de 5,69 millones a 3,67 millones de pesos, una reducción del 35 por ciento. En síntesis, y para el análisis del proyecto de reforma del Gobierno, el desembolso del presupuesto nacional a las universidades públicas escasamente alcanza el 1,01 por ciento del PIB, mientras a la guerra y al armamentismo destina más del 6 por ciento, con los resultados que padecemos.La crisis económico-financiera de la universidad pública y sus efectos tienen causas concretas e inocultables. El Gobierno busca cubrirla con subsidio a la demanda (crédito educativo, que beneficia específicamente a la universidad privada), subsidios focalizados e inversión del sector privado.Diversos análisis de la situación presente y de las perspectivas financieras previsibles, hechos con base en la financiación anunciada en el proyecto de reforma del Gobierno, indican que no resuelve el problema.La ministra dice que tienen que garantizar una educación superior de altísima calidad. Pues, entonces, debe convertirse en un imperativo impostergable esa meta y el Estado asumir las responsabilidades financieras mínimas indispensables. El desbalance acumulado no es posible corregirlo con los incremento de los aportes, sobre el IPC, planteados en la reforma del Gobierno.Podría haber solución del problema económico-financiero de la universidad pública si los porcentajes planteados por el Gobierno, en vez de ligarlos al IPC, los liga al PIB y sobre el 1,01 por ciento que hoy recibe.Invertir en educación de calidad es el mejor negocio que puede hacer un país, dice la ministra. Entonces, en la reforma debe quedar plasmado ese criterio.La calidad es costosa e imprescindible para alcanzar altos niveles de desarrollo, pero no obedece estrictamente a la disponibilidad de dinero.La calidad de la educación colombiana, en general, no es buena. La conclusión no surge solo de observar la precaria posición de las universidades colombianas en los escalafones de las universidades del mundo. Tenemos los lamentables resultados de las pruebas del Icfes en educación media y pruebas pro (Ecaes). Son desastrosos, particularmente en los colegios públicos y privados de provincia y en la mayoría de universidades privadas y públicas de provincia.La autonomía no puede confundirse con la tolerancia, la laxitud y la complicidad. Hay universidades de muy mala calidad. ¿Por qué el Gobierno tolera el negocio de las universidades de garaje? ¿Por qué no ejerce control efectivo y permanente en todo el sistema? El control es condición impostergable para todo el sistema educativo. La mala calidad ocasiona graves daños al desarrollo nacional y desgreño en el gasto e inversión públicos, y estimula la corrupción.Los precarios indicadores de calidad demuestran que el problema es estructural en todo el sistema educativo nacional. Alcanzar la meta de calidad altísima en la educación superior obliga a reestructurar y redefinir todo el sistema, desde el kínder hasta la universidad.La ley debe establecer sistemas de control y vigilancia para la definición y desarrollo de los pénsums curriculares e intensidad horaria en todos los niveles de la formación académica, siempre con el concurso y consenso de bienintencionados especialistas y conocedores de la problemática educativa nacional.La reforma en discusión debe fijar criterios específicos para el ingreso del personal docente y de estudiantes a la educación superior.El Estado debe establecer requisitos de calidad académica únicos para alcanzar el título profesional y aprobación del bachillerato, obligatorios para todas las instituciones educativas, públicas y privadas.El reconocimiento de la baja calidad de la educación en general debe mover al Gobierno y a las autoridades académicas a incluir en la reforma en ciernes la obligación de la recertificación profesional o revalidación de títulos profesionales, al menos cada cinco años. Resultará una herramienta eficaz para estimular la buena calidad profesional.El Gobierno, las IES y la sociedad tienen la palabra. El desafío está planteado. Sin mayor cobertura y sin buena calidad, las locomotoras no andan. 

Tomado de: Marcos Silva Martínez

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Acerca del autor

Comp. Javier Mejía T. www.exagonobibliotecario.blogspot.com

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