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viernes 30 de octubre del 2020
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Una reforma incompatible con la realidad nacional

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A su vez, la socialización de la propuesta ha generado confusiones que deben ser aclaradas a tiempo para impedir que desvíen la atención y empantanen los debates que realmente se requieren. Desde el 10 de marzo del 2011, el Gobierno nacional decidió poner a consideración de la sociedad colombiana la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, antes de llevarla al Congreso de la República. El objetivo de esta metodología es construir un proyecto que responda a las necesidades de calidad, pertinencia, cobertura, modernización e internacionalización de la educación superior. Aunque el texto presentado (164 artículos) tendría una incidencia directa en la mayoría de aspectos del sistema de educación superior colombiano, los principales reparos y confusiones frente a la iniciativa se han centrado en el tema financiero, que tiene diversas implicaciones tanto para las universidades públicas como para las privadas. Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha planteado cuatro grandes estrategias: 1) aumentar recursos a las universidades públicas; 2) ampliar el número de beneficiarios de los créditos del Icetex; 3) gestionar recursos privados para docencia e investigación, y 4) autorizar la creación de universidades privadas con ánimo de lucro.

U. públicas, sin recursos suficientes

Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia, basado en estudios realizados por la UN y otras universidades del país, ha hecho varias observaciones a la propuesta del MEN. Frente al plan financiero para las universidades públicas, señaló que el actual Gobierno mantiene el presentado por la ex ministra de Educación, Cecilia María Vélez (2002-2010), de aumentar la base presupuestal de estas instituciones el 1% de los recursos actuales en el 2012, el 2% en el 2013 y el 3% entre el 2014 y el 2019. Este ofrecimiento, formalizado en el proyecto de ley presentado al Congreso en mayo del 2010, ya había sido rechazado por los rectores de universidades públicas. Desde entonces, se ha considerado que dichos recursos son insuficientes y no responden a los cálculos financieros que las universidades públicas han realizado ante sus problemas presupuestales. Sumado a lo anterior, la reforma legislativa del 2011 sometería a las instituciones de educación superior (IES) a tareas y requisitos adicionales que generarían nuevos costos. En contraposición, el rector Wasserman ha planteado que se requiere un "modelo de sostenibilidad de largo plazo y con calidad", que permita el cubrimiento de los costos de la educación superior como mantenimiento y construcción de infraestructura (laboratorios, aulas, bienestar universitario), renovación tecnológica (banda ancha, contenidos virtuales) y el crecimiento cualitativo de los docentes (el sostenimiento de un mayor número de profesores con niveles de maestría y doctorado). El déficit financiero podría afectar en el corto plazo los buenos resultados obtenidos en la última década por estas universidades. "Estamos formando profesionales de muy alta calidad a costos más bajos si nos comparamos con la universidad privada. Pero nuestro crecimiento tiene un límite. Estamos cerca de ese tope y ya no podemos estirar más la cuerda", advierte el rector Wasserman. En el marco de un modelo de apoyo a la demanda, el Gobierno también ha propuesto aumentar el número de beneficiarios de los créditos Icetex y reducir el valor de los intereses para facilitar los pagos (de hecho, ya se redujo la tasa del 16% al 4% anual en época de estudio). Sin embargo, esta estrategia no beneficiaría directamente a las universidades públicas porque la mayoría de estos préstamos se concentran en el sector privado.

La responsabilidad es del Estado, no de los privados

Adicionalmente, el Gobierno ha planteado otras dos estrategias en el tema financiero para el sistema de educación superior. Primero, aumentar los aportes de la empresa privada a la universidad pública. Esto significa, por un lado, ampliar los proyectos de investigación y desarrollo social entre el sector universitario y la empresa privada. No obstante, el rector de la UN afirma que esta propuesta no presenta nada novedoso para el sistema educativo. "Es un hecho reconocido que desde hace mucho tiempo existen alianzas entre universidades públicas con empresas para resolver problemas específicos a través de la investigación". Es importante aclarar, señala, que estas alianzas no le generan dineros adicionales a la universidad para su funcionamiento. Por el contrario, tales acuerdos deben ser vistos como un aporte universitario al desarrollo del país y a las empresas, y no como una fuente significativa de generación de recursos. Por otro lado, se pretende impulsar la participación de empresas privadas interesadas en financiar la actividad de formación de los estudiantes universitarios. La posición de Wasserman es pesimista al respecto: "No conozco ejemplos en que las empresas estén interesadas en patrocinar pupitres, aulas o pagar el salario a los profesores".La segunda estrategia es promover la creación de universidades privadas con ánimo de lucro, que hasta ahora oficialmente no existen en el país. El modelo se fundamenta en el ejemplo de Brasil, que aumentó la cobertura durante el mandato del presidente Lula Da Silva, de 1.800.000 a 6.000.000 de estudiantes. Ante la propuesta, el rector de la Universidad Nacional indicó que la estrategia del Gobierno brasileño fue importante en el tema de cobertura, pero que el éxito de la política fue su implementación simultánea con el fortalecimiento de la universidad pública y de los sistemas de gestión de calidad. "La universidad privada con ánimo de lucro, por definición, no es una buena universidad. Por ejemplo, no están ubicadas en los principales puestos de los ranking universitarios internacionales", advirtió.

Ciencias básicas, sin espacio en la nueva ley

Las estrategias financieras del Gobierno para aumentar cobertura podrían desestimular la inversión en programas académicos poco rentables, descuidando áreas como las ciencias básicas (física, matemáticas, geología, estadística), que no arrojan beneficios sociales y económicos inmediatos, pero que son clave para alcanzar altos niveles de investigación, innovación, tecnología y desarrollo científico. De igual forma, áreas del conocimiento fundamentales para el desarrollo económico del país son ampliamente descuidadas en la propuesta de reforma del Gobierno nacional. Ello podría incidir en el abandono de un área de gran potencialidad como la bioquímica, que requiere de altas inversiones de recursos y a su vez impacta directamente en la modernización de la industria, la competitividad de la Nación en el ámbito internacional y la generación de empleo. En el mismo sentido, se ve afectada la imperiosa necesidad de modernizar la infraestructura vial, portuaria, ferroviaria y aeroportuaria, debido a la poca atención que se le da a profesiones como la Ingeniería. El atraso se ve reflejado en el Informe sobre competitividad 2010-2011 del Foro Económico Mundial, que ubica a Colombia en el puesto 79 de 139 países en el índice de calidad general de infraestructura, con una puntuación de 3,59 sobre 7. Chile, por ejemplo, se ubica en el puesto 40 con 4,69 puntos. Al respecto, Carlos Alberto Acero, director de la Red Troncal Alcantarillado de la Empresa de Acueducto de Bogotá, indica que se han identificado falencias en muchos ingenieros que llegan al mundo laboral. "Un ejemplo se da en el área civil, ya que algunos recién graduados ni siquiera saben de temas fundamentales para la construcción, como lo son las cimentaciones que requiere un edificio". Agregó que "áreas de ciencias básicas como suelos, geotecnia o geología son materias electivas y no obligatorias en muchas universidades. En consecuencia, se descuidan temas fundamentales para el desarrollo de la infraestructura del país como túneles o autopistas".

¿Mayor crecimiento con menos recursos?

Otra duda que genera la propuesta se relaciona con las metas ambiciosas que se plantea el MEN frente al crecimiento de la educación superior. Según cálculos de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, la meta es lograr un 38% de crecimiento del sector. Sin embargo, en sesiones de discusión con los rectores, se ha explicado que se destinarán 2,4 billones de pesos adicionales para las universidades públicas y privadas. Esto constituye un incremento del 16% en los próximos cuatro años con respecto a los 15,2 billones de pesos que actualmente se destinan para la educación superior. Ante estos cálculos imprecisos, el rector Wasserman pregunta: "¿Cómo es posible crecer un 38% con solo el 16% de recursos adicionales? Además, ¿cómo se va a crecer en calidad?".

Tomado de: César Enrique Herrera De la Hoz

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Acerca del autor

Comp. Javier Mejía T. www.exagonobibliotecario.blogspot.com

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