Alerta por financiación en la educación superior

La diferencia aterradora en contra de las instituciones de educación superior, en materia financiera, resulta de la lectura detenida de los artículos que nutren de recursos la financiación de las universidades oficiales por encima del IPC, entre otras cosas, en forma bastante pobre para los compromisos que se deben asumir y el número de instituciones participantes en la repartición.

En efecto, el artículo 106 del proyecto original de reforma entregado a la sociedad para el debate, observaba la asignación gradual de recursos adicionales al IPC para ser distribuidos entre el conjunto de instituciones públicas en función de su complejidad, así: un punto en 2012, dos en 2013 y tres entre 2014 y 2019. El Ministerio anuncia posteriormente con sonoridad el acuerdo con las universidades consistente, de un lado, en ampliar el horizonte de financiación al año 2022 (difícil la comprensión de un límite tan amplio para evaluar la fórmula propuesta) y, de otro, en eliminar la gradualidad inicial para comenzar con tres por ciento desde el año 2012.

Además de insuficientes los recursos planteados, el artículo 150 del proyecto radicado sólo contempla, para esta modalidad de financiación, los tres primeros años (2012 a 2014) desconociendo el período entre 2015 a 2022 con lo que la pérdida acumulada de recursos llegaría a $3,042 billones.

Por su parte, el artículo 151 del proyecto radicado conserva lo planteado en el artículo 107 del proyecto original; es decir un tres por ciento adicional entre 2015 y 2022 tomando como base la suma aportada en el Presupuesto Nacional en el año 2014. En síntesis, se perdieron tres puntos porcentuales adicionales para 2015 - 2022, entre el proyecto original y el radicado.

Vistas así las cosas, la pérdida total de recursos entre el proyecto original y el radicado en el Congreso se muestra en el gráfico de esta página, partiendo de la base de una asignación en el Presupuesto Nacional para 2011 (punto de partida contemplado en el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992) igual a $2,16 billones de pesos para el conjunto de universidades oficiales que reciben aportes de la Nación.

* Mauricio Alviar Ramírez es director del Centro de Investigaciones y Consultorías -CIC-, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia.

Tomado de: Mauricio Alviar Ramñirez