La seguridad del Documento Nacional
El Centro Nacional de Inteligencia, fue el encargado de validar y poner en funcionamiento el sistema de certificación de identidad, supuestamente más avanzado en cuanto a modernidad y seguridad en España.
Sin embargo, el Dni electrónico no parece tan seguro como se pensaba en un principio, y puede ponerse en duda la seguridad de dicho documento.
A pesar de encontrarnos en la era digital, el uso irresponsable de las tecnologías de la información y comunicación, amenazan los derechos de los ciudadanos y las libertades.
Los desarrollos tecnológicos también acompañan un sacrificio de la intimidad, aunque a penas se perciba.
Parece que la privacidad, tal y como la conocemos actualmente, en un corto espacio de tiempo será cosa del pasado.
Se habla de que no podemos aceptar un DNI electrónico sin que intervenga el Congreso.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué información ha de contener el chip, ya que si no es así, quebranta los límites de la intimidad.
Sencillamente, debería de contener solamente datos necesarios para la identificación, y no datos que se muevan por la red sin ningún control.
Es necesaria una ley orgánica que permita regular el contenido, el alcance y la finalidad del Documento Nacional de Identidad.
Se deben de establecer unos criterios de seguridad y garantías de manera que la información no sea empleada para otros fines.
Si no lo hacemos de esta forma, se va a generar una intromisión en la intimidad sin precedentes historicamente hablando.
El DNI electrónico se ha elaborado sin ningún control democrático, sin contar con el Congreso y lo que es más preocupante, sin la sociedad.
Es obligado un marco legal que muestre las garantías para el ciudadano, con la necesidad de ser debatido en las Cortes.
Se teme que los datos de los ciudadanos pudieran estar en bases centralizadas, y que en el proceso haya cruces de datos no conocidos por la persona que pretenda identificarse, y que no sean necesarios para la identificación.
Así podrían surgir importantes consecuencias por algún error en los datos de esas bases de datos centralizadas o del proceso de identificación.
Los ciudadanos nos deberíamos oponer a cualquier acción de recabar datos personales sin nuestro consentimiento y conocimiento.
Solamente los datos estrictamente necesarios deberían ser recabados. Sino fuera así, se podrían cometer importantes abusos contra los derechos y libertades individuales de los ciudadanos, con lo que ello conllevaría.
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