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Los traidores y el contrato Camisea

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La política energética es un tema estratégico de seguridad nacional en todo el mundo. En la región, países como Chile y Argentina han construido su política exterior orientada a contrarrestar el desabastecimiento existente de las reservas energéticas que amenazan sus industrias nacionales.

Indigna saber que importantes ex funcionarios del gobierno del señor Toledo, antepusieron sus intereses personales a los de la nación, al entregar nuestra principal fuente gasífera al mercado externo, no considerando como prioridad la demanda de nuestro propio mercado, como ha quedado demostrado por los últimos informes de la certificadora Gaffney, Cline & Associates y el Plan Referencial 2007-2026 de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH).

Falsearon cifras, causando un grave perjuicio económico para el país, las reservas probadas han sido menores a las que nos decían los ex funcionarios toledistas. El 2005 hablaban de una reserva probada de 11.2 TCF cuando en realidad sólo existirían 8.8 TCF de reservas, bajo esos términos se negoció nuestro gas que fue orientado a la exportación. Las reservas de gas no alcanzaban para el mercado interno y mucho menos para la exportación.

Peor aún, con la Ley 28552 se eliminó la obligatoriedad del horizonte permanente de 20 años, exponiendo al país a la suerte de un contrato que no protege sus intereses; igual despropósito sucedió con el DS 006-2006 que permitió la renegociación del contrato original del Lote 88, inicialmente destinado al abastecimiento del consumo interno, y que estaría imposibilitado de abastecerlo al estar también destinado a la exportación.

Estos malos funcionarios permitieron que se venda nuestro gas a tres veces más del precio de

exportación, es decir a 1.8 dólares por BTU, mientras que en el mercado externo se vende a 0.6 dólares por BTU. Lo que equivaldría a decir que comprar nuestro propio gas en el exterior nos saldría más barato que adquirirlo en el Perú.

Además, redujeron a la cuarta parte la recaudación de las regalías, al modificar su cálculo sobre la base del volumen del gas vendido y no sobre el producido.

El gas vendido al mercado interno es de aprox. 300 millones, cifra largamente inferior a la cantidad producida de 1,200 millones.

Todo esto ha sido una suerte de callejón oscuro al cual hemos sido sometidos los peruanos por funcionarios que han traicionado los intereses nacionales, maquillando cifras a su antojo y adecuando normas que ahora atentan contra la seguridad energética de nuestro país. Para este artículo he tomado como fuente una entrevista a el ex ministro de Energía y Minas, Ing. Carlos Herrera Descalzi, Decano del Colegio de Ingenieros.

Este panorama no ha variado pese al último acuerdo celebrado entre el consorcio Camisea y el actual gobierno, que ha trasladado al siguiente, la solución del problema.

Frente a estos hechos, el Congreso tiene la obligación de investigar estos graves hechos y determinar responsabilidades.

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Comentarios
Helena Zúñiga 16 de Sep, 2009
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Por ahora se estan dando muchas opiniones encontradas y creo que se esta falseando y manipulando mucho la información, tanto que ya no se que creer, y solo nos queda esperar que el gobierno actúe cumpliendo su deber de velar por los beneficios de sus ciudadanos.

Cesar Ignacio 06 de Oct, 2009
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Interesante versión, todos los dìas la prensa nos cuenta cosas distintas sobre el caso del gas de camisea, y aparecen nuevos lotes salvadores. Creo que la información que nos otorga el doctor Menchola esta mejor sustentada que la mayoría de ellas.

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