Crisis política en Perú: Un laberinto sin salida

La reciente sucesión de tres presidentes en una semana ha puesto al Perú en la mirada de Latinoamérica y el mundo. Lo que hasta ahora ha concluido con la presidencia de Francisco Sagasti ha sido el resultado de diversas coyunturas políticas remontándose a las elecciones de 2016 y los hechos relacionados con la trama Odebrecht, la cual ha involucrado a políticos en toda Latinoamérica con un significante efecto en la cúpula de poder en Peru. Los sucesos políticos desde entonces han provocado la renuncia de decenas de ministros y el suicidio del expresidente Alan García por temas relacionados a la misma. La actual crisis política se puede resumir en ocho periodos comenzando con la reñida elección de 2016.

El primer periodo comenzó con la estrecha victoria presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones de 2016 contra Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, el cual resultó en un congreso liderado por el mismo con 73 de los 130 escaños, resultando en una fractura entre el Ejecutivo y Legislativo. A pesar de esta ruptura, las relaciones entre el partido del Ejecutivo y Fuerza Popular continuaron de manera frágil.

El segundo periodo comienza con el descubrimiento de un conflicto de interés entre el expresidente Alejandro Toledo y Kuczynski, en ese entonces ministro de Estado. Relacionado con la trama Odebrecht, una de las empresas consultoras del expresidente Toledo había recibido sustanciosos pagos por la realización de servicios profesionales. Esta controversia resultó en el primer proceso de vacancia presidencial, que, a diferencia de otros países, se realiza por medio de dos tercios del voto en el congreso. La votación no prosperó y poco después Kuczynski indultó al expresidente Alberto Fujimori, el cual pagaba una pena de 25 años por crímenes contra los derechos humanos. Decisión que desencadenó protestas masivas, renuncias de tres de sus ministros y críticas severas de un amplio espectro de personalidades.

Enfrentado con un segundo proceso de vacancia, Kuczynski renunció a la presidencia al ser revelada una serie de videos donde operadores de su gobierno negociaban la compra de votos con congresistas de Fuerza Popular a favor de sus votos en contra de la vacancia. Desatando así el tercer periodo con la asunción al poder de Martín Vizcarra, vicepresidente de la República.

El cuarto periodo comenzó a raíz de una nueva serie de evidencias ahora relacionadas con el Consejo Nacional de la Magistratura, grabaciones que revelaban presuntos ofrecimientos de rebajas de penas, agradecimiento de favores y negociaciones de ascenso de funcionarios de la CNM. Esto desató una serie de marchas exigiendo “que se vayan todos”. Enfrentado a esto, Martín Vizcarra anunció un referéndum sobre la no reelección de congresistas y miembros de la Magistratura, la cual prosperó en las urnas.

El quinto periodo se desató a horas del año nuevo de 2019 cuando el fiscal de la Nación Pedro Chávarry destituyó a los dos principales fiscales responsables del caso político de Keiko Fujimori y el expresidente Alan García. El mismo día se desató una enorme presión mediática liderada por Vizcarra en contra de la decisión y la figura del Fiscal, exigiendo su renuncia. La consecuencia fue la orden de Chávarry de restituir a los fiscales.

El sexto periodo comenzó cuando el presidente Vizcarra acusó al Congreso de demorar la aprobación de un paquete de reformas políticas, entre ellas se encontraban cambios en la inmunidad parlamentaria, la prohibición del dinero privado en campañas electorales y la prohibición a la candidatura a personas convictas. Las seis cuestiones plantadas quedaron aprobadas, aunque dos de ellas por ser de carácter constitucional quedaron pendientes de su aprobación final.

El séptimo periodo resultó en la disolución del Congreso por Vizcarra ya que la ley lo permite al rechazar una cuestión de confianza por segunda vez (la primera cuestión siendo el primer proceso de vacancia de Kuczynski). Vizcarra anunció que la reforma de inmunidad parlamentaria no había sido aprobada en su escencia, frente a este panorama propuso adelantar las elecciones generales las cuales fueron rechazadas por la Comisión de Constitución del Congreso. Pocos días después se tenía programada la elección de nuevos magistrados, a lo que Vizcarra presentó una nueva cuestión de confianza relacionado con el mecanismo de elección de los mismos magistrados con el fin de garantizar su transparencia. La continuación de la elección del magistrado llevó a Vizcarra a disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones al comienzo del 2020.

El octavo periodo comenzó el 10 de septiembre de 2020 en pleno estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, con un nuevo Congreso donde ningún partido obtuvo más de 25 escaños. El congresista Edgar Alarcón Tejada presentó una serie de grabaciones relacionadas al gobierno de Vizcarra y una serie de presuntos pagos a un artista peruano por medio del Ministro de Cultura. Acompañado de una fuerte campaña mediática, el 2 de noviembre el pleno del Congreso aprobó la vacancia con 105 votos a favor, destituyendo así la presidencia de Vizcarra. Tras la renuncia de la segunda vicepresidente Mercedes Aráoz, la sucesión presidencial llevó a la presidencia a Manuel Merino, presidente del Congreso lo que llevó a las protestas que resultaron en la muerte de dos personas. Merino renunció poco después, dando el paso a Francisco Sagasti miembro del nuevo Partido Morado.

Esta serie de eventos ha sacudido el espectro político de pies a cabeza. Perú ahora se enfrenta a una pandemia que ha cobrado más de 35,000 vidas, teniendo una de las tasas más altas por cada 100,000 habitantes. Los 130 escaños del Congreso se volverán a competir para unas elecciones en 2021 a las cuales se les agrega una población altamente polarizada, una situación económica que ha elevado la pobreza con una informalidad que ronda el 75% y una frágil relación entre el Ejecutivo y el Congreso. De los últimos cuatro presidentes, dos se encuentran enjuiciados relacionados al Caso Odebrecht (Toledo y Kuczynski), uno se suicidó cuando la policía iba en su búsqueda relacionado con el mismo caso (Alan García) y el ultimo podría enfrentar 20 años de cárcel por lavado de activos (Ollanta Humala). La situación en Perú parece no tener fin mientras el legislativo y el ejecutivo parecen no poder entenderse por el bien del pueblo peruano.