El crédito educativo en México y sus problemáticas

Resulta innegable que la palanca impulsora del desarrollo social y de capital humano de excelencia que requiere México es la inversión en educación superior, sin embargo este sector enfrenta importantes desafíos para lograr una mayor penetración y potenciar sus beneficios, ya que se encuentra inmersa en un entorno que demanda múltiples necesidades tanto económicas como sociales.

Para ilustrar algunas de las complejidades que enfrenta la educación superior en nuestro país, nos referimos al importante crecimiento que ha experimentado la población en las últimas décadas, así como su relación con el mercado laboral, lo cual planteará para las siguientes décadas retos importantes para la educación superior para las IES tanto públicas como privadas así como los aspectos laborales que enfrentan.

Una importante área de oportunidad para atender esta creciente demanda de alumnos en edad acceder a la educación superior es el implementar esquemas de crédito educativo que impulse la inversión en educación, permitiendo aumentar la cobertura de educación, reduciendo la deserción estudiantil y propiciando una mayor equidad en la población, lo cual se traduce en un tema de justicia social.

Sin embargo, el implementar esquemas de crédito educativo involucra el manejo de altos niveles riesgo de crédito que afectan su impacto social y financiero, ya que se encuentra sujeto a una serie de externalidades, las cuales aunque existe un consenso, con base en opiniones y análisis de profesionales que es un instrumento de desarrollo, en México se encuentra poco investigado y como consecuencia muy poco utilizado.

Sin embargo para sentar las bases de desarrollo de un mercado de crédito educativo sustentable y rentable a largo plazo que impulse la inversión en educación en nuestro país, es necesario analizar una serie de problemáticas estructurales que han impedido el desarrollo de este tipo de instrumentos financieros:

Sin embargo para sentar las bases de desarrollo de un mercado de crédito educativo sustentable y rentable a largo plazo que impulse la inversión en educación en nuestro país, es necesario analizar una serie de problemáticas estructurales que han impedido el desarrollo de este tipo de instrumentos financieros:

Como un primer problema identificamos una asimetría de información en el mercado educativo, lo cual provoca una mayor estimación de los rendimientos de la inversión en educación superior con respecto a realidad observada[1].

Los estudios realizados por diferentes investigadores han subvalorado los riesgos asociados al proceso educativo, es decir la capacidad de las IES de generar las habilidades necesarias en sus estudiantes que son requeridas por el mercado laboral, lo cual se traduce en una sobrestimación de los ingresos del rendimiento de la inversión en educación superior y por lo tanto un aumento en el riesgo de recuperar un crédito educativo ya que los acreditados reciben un salario menor al estimado.

Esta sobrestimación en el rendimiento de la inversión en educación superior ha provocado un desajuste entre la oferta y la capacidad de absorción del mercado laboral de los jóvenes estudiantes universitarios, inducido en buena manera por la apertura comercial y los efectos de la globalización.

Este desajuste entre la oferta y demanda de mano de obra calificada ha incrementado la desigualdad en los ingresos y su reflejo sobre los rendimientos en la inversión en educación.

Como un ejemplo de lo anterior, al analizar diversos sistemas económicos observamos en los últimos años una profunda contracción del mercado laboral, especialmente para aquellos recién egresados del sistema de educación superior de nuestro país, ya que en promedio tardan aproximadamente un año en conseguir empleo con niveles salariales equivalentes a los que obtenía un empleado con estudios de secundaria lo que demuestra, en comparación con hace varios años, que una carrera profesional no garantiza empleo y movilidad social.

Como segunda problemática es la vinculación que existe entre las IES y el sector productivo del país, en decir el mecanismo mediante el cual las IES ayuden a elevar la calidad de la investigación, la docencia, logrando una mejor integración con las necesidades sociales, así como preparar a sus estudiantes para enfrentarse al ámbito laboral con los elementos necesarios y suficientes para incorporarse a un mercado de trabajo.

Las Encuesta Nacional de Vinculación en Instituciones de Educación Superior (ENAVI, 2010) identifica un problema estructural de vinculación entre el sector laboral y las IES, destacando: (i) una baja participación en actividades de formación estudiantil (servicio social, prácticas profesionales); (ii) la necesidad de mejorar la percepción sobre los beneficios de la vinculación; y (iii) bajos niveles de empleabilidad.

En un estudio realizado por Accenture (2007) con relación a la vinculación de las universidades y el sector laboral, se destaca que los objetivos de las IES no concuerdan con lo que las empresas priorizan, ni mucho menos lo que tienen en mente los estudiantes. En otras palabras, las IES piensan que el diseño del currículo y la obtención de maestrías y doctorados son un diferencial en la formación de sus estudiantes; mientras las empresas piensan que lo determinante es realizar cursos extracurriculares para los universitarios y mostrar iniciativas en otros campos distintos de los puramente académicos.

La tercera problemática se encuentra relacionada con los altos niveles de deserción estudiantil (eficiencia interna) y la baja eficiencia terminal observada en la educación superior en nuestro país y en general en Latinoamérica.

Cuando analizamos las variables que afectan el desarrollo del crédito educativo desde un punto de vista de sustentabilidad y rentabilidad, nos encontramos con variables académicas que tradicionalmente no forman parte del análisis financiero tradicional que realizan los IFES pero que inciden en el éxito o fracaso de un portafolio de crédito, tales como la deserción estudiantil y la eficiencia terminal, los cuales representan los principales detonantes de cartera vencida  en portafolios de crédito educativo originando una importante disminución en las expectativas de recuperación de sus portafolios de crédito, tanto para los IFES como para las propias IES involucradas.

En primera instancia es importante definir el índice de eficiencia terminal de nuestro sistema educativo como el “porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un nivel educativo de acuerdo al número de años programados”. Esta medida nos permite determinar la capacidad de formar egresados altamente calificados por parte del sistema educativo.

Sin embargo, el índice de eficiencia terminal se interpreta como una de las principales manifestaciones de la falta de calidad educativa en nuestro país, ya que según López, et al. (2008) este índice se encuentra sin alterarse desde 1985, ubicándose alrededor del 50%.

Un elemento íntimamente relacionado con la eficiencia terminal es la deserción estudiantil que representa otro de los factores fundamentales de la equidad educativa, la cual se concibe como la no inscripción del alumno a las fechas correspondientes al plan de estudios de su cohorte, o la reinscripción a los periodos ya cursados.

En la actualidad se observan altos niveles de deserción que prevalecen en nuestro sistema de educación superior, que desde un punto de vista económico afectan negativamente los niveles de capital humano y la movilidad social  y por tanto sobre el propio crecimiento y desarrollo económico del país.

Aunque el fenómeno de la deserción no está asociado a algún nivel socioeconómico o algún subsistema escolar específico de nuestro país, representa uno de los principales retos de la educación superior en general y del crédito educativo en lo particular. Si bien los diversos actores del sistema educativo han realizado importantes esfuerzos por abatirla, continúa representando una importante fuente de frustración personal y de discriminación laboral.

Por tanto uno de los fenómenos que más afecta el desarrollo del crédito educativo es la deserción estudiantil, ya que representa un alto costo de oportunidad tanto para la sociedad como para el sector educativo de nuestro país, debido a la gran variedad de variables involucradas; Así como el principal detonante de cartera vencida con bajas expectativas de recuperación.

Las IES han implementado algunos mitigantes para abatir la deserción escolar provocando alargar las carreras universitarias de los estudiantes a través de cursos remediales o propedéuticos lo cual ha implicado un sobrecosto de la inversión en educación alterando significativamente la ya sobreestimada rentabilidad sobre la educación e incrementando significativamente el apalancamiento de los acreditados de un crédito educativo aumentando la probabilidad de generar mayores niveles de cartera vencida.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que la deserción estudiantil puede tener su origen en razones tanto académicas como económicas, de ahí la importancia que las IES comprendan y mitiguen las causas de la deserción que afectan directamente el desempeño de un portafolio de crédito.

Para cuantificar los efectos de un alto nivel de deserción estudiantil de nuestro sistema educativo nacional, aunado a una baja absorción y eficiencia terminal, las trayectorias académicas de una muestra de 100 estudiantes que acceden a la educación básica, solamente 12.7 estudiantes obtienen su título universitario, lo que representa un importante reto para la formación de capital humano altamente capacitado y aplicación de políticas públicas que requiere nuestro país.

Estos resultados nos indican que los estudiantes de educación media superior al ingresar a la educación superior presentan enormes debilidades formativas, y que además son acumulativas a lo largo de su trayectoria escolar, lo que aumenta su probabilidad de deserción escolar.

Como una cuarta problemática son los importantes rezagos de cobertura de educación superior que limita la equidad de nuestro sistema educativo ya que según Narro (2011) (…) “cada año se quedan cientos de miles de jóvenes que quieren continuar estudiando sin la posibilidad de hacerlo”, sin embargo esta falta de cobertura cobra una gran relevancia ya que para Sudarsky (2001) existe una relación positiva entre el capital humano[2] y la educación, es decir a menor nivel de cobertura en educación terciaria se registrará una menor creación de capital humano.

El bajo nivel de la tasa bruta de escolarización o también llamada también cobertura educativa que presenta nuestro país no alcanzó sino un 27.6% para el ciclo lectivo 2011 -2012, equivalente a 2.9 millones de estudiantes tanto en universidades públicas como privadas. Esta cobertura educativa comparada con países como Argentina o Chile que superan el 60% o propio promedio de América Latina, el cual se ubica en 41% representa una importante brecha en el desarrollo de capital humano altamente calificado de nuestro país.

Para Trow (2005) el desarrollo de la educación terciaria, desde el punto de vista de su cobertura educativa, puede dividirse en tres etapas: de élite (cobertura < 15%), masas (15% < cobertura < 50%) y universal (cobertura > 50%), para el caso de nuestro país la transición entre un sistema de élite a masas es reciente. Por lo tanto requerimos de profundos cambios estructurales que aunados a la compleja heterogeneidad que tienen los diversos regímenes de sostenimiento tanto público como privado, representan un importante reto y a la vez área de oportunidad en el desarrollo de un mercado de crédito educativo.

Por otra parte, la baja tasa interna de retorno de largo plazo que presenta la inversión en educación en nuestro país hace que aquellos individuos con una alta tasa de descuento de corto plazo, aumenten su probabilidad de deserción en busca de mayores ingresos presentes, lo cual representa un reto adicional en la implementación de un crédito educativo masivo en nuestro país.

Es decir los individuos con mayor nivel de marginación en el presente son los más propensos a desertar, generándose de esta manera un círculo vicioso de pobreza y baja educación y reduciendo el papel favorable que la educación desempeña en la movilidad social de cualquier país.

A pesar que el gobierno federal realiza importantes esfuerzos para aumentar la cobertura de educación, su incidencia en el sector productivo es baja. Un ejemplo de lo anterior son los Centros de Bachillerato Técnico Industrial y de Servicios (CEBETIS) los cuales iniciaron en los años setentas con el propósito de formar recursos humanos técnicos de calidad que requería el sector productivo, sin embargo este modelo educativo fue superado por la propia dinámica global que demanda programas curriculares diferentes, teniendo como consecuencia un bajo impacto en su vinculación al mercado laboral.

Como quinta problemática identificamos la falta de políticas públicas coordinadas que promuevan la inversión en educación de manera equitativa y eficiente, especialmente cuando el financiamiento universitario público que atiende al 70% de la matrícula de educación superior descansa sobre partidas presupuestales que se sustentan en sistemas fiscales débiles y regresivos.

Actualmente el subsidio que entrega el gobierno federal al sistema público de educación superior no promueve la equidad entre la población, ya que no privilegia el nivel socioeconómico del estudiante.

Sin embargo, esta equidad no puede concebirse separada de la calidad educativa, ya que es necesario garantizar una justa distribución de oportunidades para lograr resultados educativos relevantes que reconozcan las diversas necesidades de un alumnado proveniente de ambientes socioculturales limitados con antecedentes escolares deficientes y con aspiraciones de mejorar sus condiciones de vida.

Como un ejemplo de lo anterior y según datos de la CEPAL (citado por Ruíz, 2009) la probabilidad que tiene un individuo que pertenece a los niveles socioeconómicos C o D de continuar estudiando, es de menos de un tercio que la probabilidad que tiene un joven que pertenece nivel socioeconómico A/B[3] de continuar con sus estudios.

Por otra parte se encuentra el debate (Rodríguez, 2004; García, 2003; Malo, 2003) sobre la conformación de servicios educativos en donde las fuerzas comerciales han desestabilizado el carácter de bien público de la educación superior con la entrada de IES con una motivación comercial que tienen efectos en la cobertura educativa pero en muchos de los casos con calidades educativas muy heterogéneas.

La sexta problemática se encuentra relacionada con la ausencia de herramientas que permitan seleccionar a los candidatos de un crédito educativo de acuerdo a sus características de riesgo crediticio y/o académico, así como la falta de mecanismos eficaces de administración de los portafolios de crédito.

En cuanto a la selección de los acreditados para un crédito educativo, en la actualidad los IFES basan su decisión de crédito utilizando modelos paramétricos relacionados a un crédito de consumo, aunque la estructura financiera se asemeja a la del crédito comercial, sin tomar en cuenta aspectos académicos y sociales del estudiante. En otras palabras, en la actualidad el crédito educativo se otorga bajo las bases de la capacidad de endeudamiento de la familia y no sobre la capacidad futura de ingreso del estudiante.

En cuanto a los mecanismos de administración del portafolio de crédito educativo, se observan manejos administrativos deficientes que reflejan a su vez dos aspectos relevantes: mal manejo en la cobranza y recuperación de créditos y por otra parte un bajo nivel de eficiencia administrativa, lo cual se traduce en altos costos administrativos (Salmi, 2003).

Asimismo, destacamos la ausencia de un marco jurídico financiero que regule y promueva el crédito educativo en nuestro país, aumentando su complejidad administrativa y regulatoria.

Como una última problemática destacamos que el sector financiero de nuestro país conoce relativamente poco sobre el crédito educativo y por tanto tiende a pensar que es altamente riesgoso derivado de la incertidumbre que genera tanto los aspectos académicos, como financieros relacionados con el comportamiento del salario futuro del alumno o la ausencia de garantías subsidiarias del crédito.

A manera de conclusión y como consecuencia de las problemáticas antes descritas, nuestro país enfrenta importantes desafíos para impulsar la educación superior, la cual se encuentra inmersa en un entorno que demanda múltiples necesidades. Un ejemplo de lo anterior, es el importante aumento que ha experimentado la población en las últimas décadas, que se ha traducido en una creciente demanda de espacios para acceder a la educación superior, sin embargo las universidades tanto públicas como privadas solamente cubren el 33% de esta demanda, privilegiándose mayoritariamente los estratos socioeconómicos medios y altos.