La tramitación procesal solo tiene un camino y una solución

Son los juzgados de instancia de los partidos judiciales más importantes los primeros que sucumben al incremento de la litigiosidad. Tribunales cuyo óptimo funcionamiento ha sido procurado con mayor celo, en estos momentos tardan incluso semestres en admitir a trámite simples procedimientos monitorios, tornando ellos mismos totalmente irrecuperables las deudas reclamadas; de suerte que la solución se convierte en el verdadero problema.

En la búsqueda del ansiado remedio, toda reforma procesal se plantea con el objetivo de liberar a jueces y magistrados principalmente de las responsabilidades que en materia de recursos humanos les puedan corresponder sobre el personal integrante del juzgado del que sean titulares. La idea es que dispongan de más tiempo para impartir justicia, y no empleen todo su esfuerzo en remediar problemáticas laborales.

Ciertamente este debe ser el objetivo, pero una vez más la estrechez de miras de nuestros dirigentes políticos impide valorar soluciones que pudieran ser calificadas como novedosas.

Y al respecto como abogado con una visión general, estoy absolutamente convencido que la única solución posible pasa por la privatización de la gestión procesal, de forma que los únicos funcionarios públicos adscritos a la Justicia, sean quienes tienen atribuida capacidad decisoria: jueces y magistrados.

Y no sólo porque en España es insostenible mantener un funcionario por cada tres trabajadores del sector privado. Si no porque lo privado funciona y lo público no, aquí y en cualquier parte del mundo.

La tramitación procesal sólo tiene un camino y una resolución, término que ha de entenderse tanto en términos fácticos como jurídicos. Y cuanto antes se verifiquen toda la suerte de actuaciones que conlleva, antes se colmará el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

No acepta desviaciones. No son posibles. Razón por la cual quienes desarrollan dicha labor no tienen por qué ser arropados vía estatuto funcionarial de la imparcialidad e inamovilidad de las que sí merecen nuestros juzgadores.

Será entonces cuando la Administración Pública como contratante podrá fijar estándares y demandar rendimientos, brindando al ciudadano como usuario el servicio que merece.

Hasta el momento las voces que se han manifestado estimando que para que la Justicia funcione no son necesarios más recursos, sino la optimización de los existentes, han tenido que rectificar por la presión recibida.Mi impronta como abogado laboral entiendo es que si bien muchos de los funcionarios actuales no tendrían cabida en este posible escenario, otros muchos verdaderamente implicados con su cometido, obtendrían con la privatización mayores niveles de satisfacción laboral, derechos e incluso superior remuneración.