Porque no les abriré mi puerta (*)

Los Censos de Población y Vivienda son instrumentos básicos de Planificación a largo plazo en cualquier país del mundo. Los datos que se recaban les sirven a los Estados para entender como se ha extendido la población a lo largo y ancho del territorio en un periodo de 10 años y para tomar decisiones trascendentales de la vida de un país. Decisiones como cuantas escuelas y hospitales deberían existir y donde deberían ubicarse, que tantos acueductos, vías de penetración, comunicaciones y electricidad deberían necesitarse y donde, son parte de las decisiones que se toman derivadas de la información que se procesa del Censo. Asimismo, el saber cuantas personas viven en el país y donde se encuentran, les indican a los organismos electorales cuantos diputados deberán existir por circunscripción en los siguientes 10 años. Imagínense cuantas decisiones a favor de un país podrían tomarse de ser utilizados estos datos para el bienestar de la población.

Sin embargo, lamentablemente, ese no será el caso en la Venezuela de hoy con el próximo Censo de Población y Vivienda. Tenemos historia fundamentada de la utilización que ha hecho este gobierno con los datos personales de los ciudadanos, donde el ejemplo más doloroso lo ha representado la mal llamada "Lista de Tascón" y que este escribidor ha rebautizado como "Lista de Chávez" (ver Un Réquiem por Luis Tascón en http://ticsddhh.blogspot.com/2010/08/un-requiem-por-luis-tascon.html) al ser este ultimo su principal instigador y el primero su autor material. Los venezolanos corremos el altísimo riesgo de que nuestros datos personales se encuentren en una base de datos administrada por extranjeros agentes de la tiranía castrista. Asimismo, la prensa nos ha informado (ver Siete Días, El Nacional 17 de Julio 2011) que será una empresa castrista  la que elaborará y administrará la expedición de nuestro principal documento de identificación, la cédula de identidad, y que contendrá datos personalísimos que además de los conocidos nombres y apellidos y fecha de nacimiento, almacenará adicionalmente la identificación biométrica de las huellas dactilares, pago de impuestos, firma y fotografía digital. Inclusive se ha hablado de incluir el tipo de sangre y la historia médica. El gobierno nacional ha puesto en manos de extranjeros todos los datos actuales de los venezolanos, a lo que debemos agregar que el gobierno venezolano, mucho menos los ciudadanos venezolanos tendremos acceso a esa base de datos (véase Siete Días mencionado).

La Protección de Datos Personales es una deuda que tienen la mayoría de los países latinoamericanos para con sus ciudadanos. Sin embargo, varios de ellos han empezado a saldar esa deuda, como el caso del Perú, que recientemente aprobó el Proyecto de Ley No. 4079/2009-PE, publicado el 3 de Julio de 2011, como Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos Personales, que desarrolla el contenido del derecho fundamental de la protección a la vida privada reconocido en el artículo 2º inciso 6º de la Constitución peruana de 1993, así como establece medidas orientadas a su respeto y garantía. Otro caso es el de Uruguay, que decretó en el año 2008 la Ley Nº 18.331, Ley de Protección de Datos Personales y Acción de "Habeas Data", fundamentada en el Artículo 72 de su Constitución que resguarda también la vida privada de sus ciudadanos. Así como estos casos, el resto de los países latinoamericanos se encuentran en el desarrollo de sus normas correspondientes. Sin embargo en nuestro país esa norma no se divisa por ningún lado. Existe en la actualidad un Anteproyecto denominado "Proyecto de Ley de Protección de Datos y Habeas Data en Venezuela" que duerme el sueño de los justos en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional y que estuvo en la Agenda Legislativa en el año 2004.

Como se verá, existe una preocupación legítima en Latinoamérica acerca de lo que pueden hacer los gobiernos con los datos personales de los ciudadanos a la luz de las nuevas tecnologías de información. De no existir en el ordenamiento jurídico vigente una Ley que reglamente lo previsto en los Artículos 28, 48 y 60 de nuestra Constitución en relación a la protección de la privacidad de los ciudadanos, lo que nos queda es negarnos a proveer mas información a un gobierno que ha demostrado fehacientemente no tener ningún respeto a la norma Constitucional.

¿Como es posible que Perú, por solo citar el ejemplo descrito, que se encuentra por debajo de Venezuela en penetración digital como lo indica la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su índice de penetración de tecnologías, ya posea una ley vigente aprobada este mes, que norma lo previsto en su Constitución acerca de la protección a la privacidad de los datos de sus ciudadanos? La respuesta nos la da el propio gobierno al poner todos los datos de la población en manos de agentes castristas: no está en su interés protegerlos. En la medida que nos encontremos más desprotegidos mayor será la invasión a nuestra intimidad y privacidad y presas fáciles del Estado totalitario castrocomunista que intentan imponernos.

El Director del Instituto Nacional de Estadística, INE, se ha apresurado a decir, preocupado por esta situación, que los datos que se suministren en el Censo serán secretos y protegidos por el "Secreto Estadístico". Eso sería cierto en cualquier país civilizado con un Estado de Derecho en el que se cumpla la Constitución. Los venezolanos tenemos sobradas razones para creer que esos datos personales que se entreguen a los funcionarios del INE no serán utilizados para lo que deberían ser utilizados, sino para fines muy distintos en consonancia con los intereses totalitarios del castrismo y del castrochavismo. Los venezolanos hemos acumulado harta experiencia desde 1999 hasta el presente como para no creer en  nada de lo que diga o prometa el gobierno y tenemos la certeza de que nada hará cambiar su  modo de pensar porque ya nos ha probado que ha usado ilegalmente datos de las personas en el pasado, violentando la ley y el Estado de Derecho.

Nunca antes los venezolanos nos habíamos visto tan desprotegidos cuando la norma Constitucional, que debiera ser el eje principal de esa protección, es violada permanentemente por quien está en la obligación en primer lugar de respetarla y hacerla respetar. El hecho de que datos personales como quienes y cuantas personas viven en nuestra casa, cuantas habitaciones tiene, que tipo de vivienda posees, estén en manos de un gobierno como este, es inaceptable para esa inmensa mayoría  de quienes ese mismo gobierno dispuso que fuéramos discriminados políticamente en Venezuela a través de la Lista de Tascón, que esta más vigente que nunca. Estando fuera del gobierno, millones de venezolanos no estamos en condiciones de saber para que utilizaría el gobierno esta información privilegiada y almacenada en medios electrónicos, pero por amarga experiencia se nos ocurre una muy evidente: su utilización política y con fines electorales para la reubicación de más dos millones de personas damnificadas que buscan vivienda y que fueron registradas en la Misión Vivienda del gobierno. Y eso podrían hacerlo de la noche a la mañana utilizando medios informáticos, una vez que conozcan los datos del Censo, violentando así la confidencialidad  de ese "Secreto Estadístico" que el Director del INE dice que protegerá. ¿Los venezolanos nos estamos dando  cuenta de lo grave que es que un gobierno tenga información privilegiada y que pueda usarla en contra de todos nosotros con fines políticos y represivos, pasando por encima de la norma constitucional y que nosotros no podamos hacer nada?

Como venezolanos estamos en nuestro derecho, como lo establece el Artículo 60: "Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.". Y en el ejercicio de ese derecho a nuestra vida privada, que nos  concede la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, es nuestro deber cívico, constitucional y con nosotros mismos no abrirles nuestra puerta. Esa al menos será mi posición personal.

Caracas, 22 de julio de 2011

(*) Incluye las observaciones y sugerencias del Dr. Manuel Rodríguez Mena, Ex Decano FACES-UCV

Blog: http://ticsddhh.blogspot.com/

Email: luismanuel.aguana@gmail.com

Twitter:@laguana