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martes 22 de mayo del 2018
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Realidades políticas en México

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Política, social y económicamente México se encuentra en una zona geográficamente clave en los países que conforman Latinoamérica y el Caribe, situándose en un lugar privilegiado en el crecimiento económico. Dicha posición por otro lado lo pone en una situación compleja y seria, pues al compartir frontera con el país más poderoso del mundo, lo cual se convierte en una situación de riesgo, puesto que se reciben influencias de forma directa en los ámbitos indicados e incluso, lo cultural.

 

Por otro lado, el Estado Mexicano se ha encargado de desarrollar e implementar estrategias que le permitan ofrecer niveles de confianza a las instituciones gubernamentales; en este sentido, éste indicador es de importancia para la vida democrática del país puesto que le permite crear condiciones de estabilidad social en este tipo de gobiernos al visualizar que la manera de comportarse se da adecuadamente. La fiabilidad institucional deberá estar ligada a los organismos públicos en sus diferentes niveles como a los partidos políticos.

 

En el país, en la historia reciente se han implementado una serie de mecanismos enfocados al combate de la corrupción eficazmente y restituir a las instituciones públicas la confianza perdida como resultado de malas prácticas en su desempeño cotidiano. Al inicio del presente año, Enrique Peña Nieto indicó que México es uno de los pocos países a nivel mundial que cuenta con una estabilidad social en los últimos 80 años acompañados de una situación financiera estable en términos macroeconómicos como resultado de la elaboración y puesta en marcha de acuerdos comerciales con más de 40 naciones (Notimex, 2018).

 

Pero diversidad de acciones gubernamentales no han tenido el impacto deseado o proyectado, los niveles de confianza tienen índices muy bajos, en datos proporcionados por Parametría, dependencias, organismos, dependencias tales como la policía (en sus diferentes niveles), partidos políticos o los sistemas de salud, se encuentran por debajo del 10% (Parametría, 2016). En este sentido, el titular del ejecutivo deberá de encauzar esfuerzos en revertir dichos resultados, programas y/o políticas que le permitan legitimarse como país democrático y en vías de desarrollo. Ello en un trabajo multidisciplinario que integre a los distintos órganos de gobierno.

 

Ejemplo de una acción promovida en aras de contar con un proceso legitimador nacional, se realizaron modificaciones en el nombre, funciones y añadieron a lo que realizaba el Instituto Federal Electoral (IFE), convirtiéndose en Instituto Nacional Electoral (INE); lo cual en primer momento generó expectativas en cuanto a su operatividad, e incluso el surgimiento en la población de preguntas elementales como la vigencia de la credencial de elector respecto al nombre de la institución.

 

En términos sociales, los niveles de desconfianza del Instituto electoral en datos de Parametría superan el 50% que a la par de los medios de comunicación (cuyos niveles de confianza están por debajo del 35%); en su conjunto desarrollan un papel desalentador, ya que la institución se vale de los servicios de éstos para promover acciones de cultura cívica en  la población. Teniendo como impacto y consecuencia que los actores políticos que logran el triunfo electoral en medio de serios problemas legales, desvío de recursos o su ética profesional se encuentre en duda, obtengan un bajo índice de legitimidad, teniendo por ende, repercusiones en la estabilidad social y económica.

 

El cambio de nombre y la modificación de las atribuciones se vieron de manera inmediata en la solicitud por parte del INE de un aumento del 64% en su presupuesto operativo, lo cual supone a la institución en una postura de cuestionamiento constante respecto a los niveles de eficiencia en cuanto a la aplicación de los recursos; en el que el índice de participación ciudadana en las elecciones presidenciales fue del 55.55% en el 2006 (Redacción, 2017) y en el 2012 fue del 63.14% (Expansion, 2012).

 

Si bien es cierto que la participación social en las elecciones presidenciales del 2012 fue mayor, el proceso estuvo lleno de cuestionamientos severos en cuanto  a la compra de votos o el condicionamiento de los programas sociales hacia determinado candidato, el candidato electo llegó en niveles bajos de aceptación e incluso de credibilidad. Por lo que, para las elecciones a celebrarse en julio próximo, el Instituto electoral enfrenta grandes desafíos en cuanto a sus niveles de confianza y legitimidad, lo cual deberá encaminar acciones para revertir las percepciones existentes en la población.

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