Paraísos fiscales y la paz

La empresa ”Xe services” registró más de 30 compañías “fantasmas” en paraísos fiscales para mantener contratos millonarios con el gobierno de los EE.UU.  Esta empresa, antes conocida como Black wáter, se camuflaba de esta manera tras el ruido mediático y las presiones de grupos de derechos humanos por la masacre de 17 civiles iraquíes en el año 2007 a manos de varios de sus empleados. A esta conclusión ha llegado el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, que investiga a los contratistas militares privados en Irak y Afganistán.

Al menos tres de esas compañías en las sombras le consiguieron a Black wáter contratos de seguridad. Una de ellas, Greystone Limited,  fue registrada en la isla de Barbados, como denunciaba desde hace meses el periodista Jeremy Scahill. Entre su personal, esta empresa contaba con antiguos agentes de operaciones especiales de defensa, inteligencia y de la policía de varios países, “listos para ser desplegados en cualquier parte del mundo”. Los mercenarios de Greystone provenían de Filipinas, Chile, Nepal, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá y Perú, entre otros. El envío de antiguos militares chilenos (algunos habían servido durante los años de la dictadura) a Irak provocó un escándalo porque el país se había negado a apoyar la invasión y tiene prohibidas las actividades mercenarias en el extranjero.  Otra de las filiales, Paravant, obtuvo un contrato del Departamento de Defensa para entrenar al ejército afgano. El gobierno niega haber conocido en ese momento el vínculo entre esta compañía y Black wáter. Dos empleados de Paravant   enfrentan  acusaciones por el asesinato de dos civiles afganos. La presión internacional y del Congreso durante algunos años empieza a dar sus frutos.

A pesar de ello, la CIA acaba de conceder un contrato de 100 millones de dólares para que Black wáter proteja sus sedes en Afganistán, donde han tenido lugar centenares de secuestros de supuestos terroristas para ser enviados a cárceles secretas donde se han conocido casos de torturas. León Panetta, director de la CIA, justificaba el contrato porque la compañía había ofrecido el precio más bajo y además rectificado en sus comportamientos. Esto contradice otras investigaciones del Congreso que destapan de cobro fraudulento al gobierno de Estados Unidos y exageraciones en las partidas presupuestadas para sus servicios. Por eso, Black wáter alcanzó un acuerdo reciente con el Departamento de Estado para evitar un posible proceso judicial por fraude, la venta ilegal de armas a Afganistán y entrenamiento clandestino de policías y fuerzas armadas en Colombia y en Taiwán. Entre los contratos que se conocen con la CIA, con el Departamento de Estado y  el de Defensa, se calcula que Black wáter pudo haber cobrado hasta 2.000 millones de dólares. El Congreso investiga si la utilización de algunos paraísos fiscales tenía como objeto engañar al gobierno y mantener sus contratos.

Greystone, creado para suministrar fuerzas multinacionales “ágiles”, sostenía que su trabajo aportaba a la libertad en el mundo y al mantenimiento de la paz. Una de las “ambiciones” de Black wáter consistía en crear una fuerza de brigadistas privados para zonas de conflicto o de catástrofes. Según la empresa, podían contar con fuerzas más rápidas por un costo inferior a las operaciones de la OTAN o de Naciones Unidas, y sin los mismos obstáculos políticos. La utilización de filiales en paraísos fiscales le permitió a la compañía mantener un estrecho vínculo con la CIA durante años. Participaron juntos en secuestros,  operaciones clandestinas y en el transporte de detenidos que fueran sospechosos de participar en actividades terroristas.

Este caso deja en evidencia las dimensiones de los paraísos fiscales que además  facilitan la evasión de impuestos que, en los países empobrecidos, triplica la cantidad de dinero obtenida en forma de “ayudas”. El secreto bancario con el que operan permite ocultar el origen del dinero y la naturaleza de la actividad “corporativa”.  Detrás de esa máscara se esconde dinero del crimen organizado, que mueve en el mundo entre 2 y 3 billones de dólares. Si los paraísos fiscales son los motores del tráfico de drogas, de armas y de personas, tal como ha venido sosteniendo Naciones Unidas, y de “servicios” que atentan contra la paz, no se entiende porque dilatan más los esfuerzos internacionales para acabar con tales actividades. ( CCC.org.es) edualvarez@univision.com