Estado pagó por 34 mil alumnos que no existen

De la noche a la mañana, el número de estudiantes matriculados en varios entes territoriales se disparó. Sin explicación, empezaron a aparecer en las bases de datos cientos de códigos de supuestos alumnos que, en algunos casos, hasta duplicaron los cupos de colegios públicos de la Costa y de Norte de Santander.

EL Tiempo estableció que una auditoría privada notificó al Ministerio de Educación que las cuentas no cuadraban en cuatro de los seis entes territoriales evaluados: Bolívar, Cesar, Cúcuta y Soacha.

Según evidencia recogida a mediados del año pasado por la auditoría -que costó 2.183 millones de pesos y que evaluó 615 planteles-, secretarías de educación y rectores se inventaron, literalmente, 34 mil alumnos de educación preescolar, básica y media.

Además de la decepción por el repunte ficticio de la cobertura, los auditores cuantificaron en cerca de 37 mil millones de pesos los recursos que el Estado les alcanzó a girar a esos entes territoriales por estos estudiantes fantasma para el pago de sus matrículas.

Y aunque el tema se ha manejado con reserva, este diario supo que solamente en Bolívar el número de alumnos inexistentes supera los 16 mil. Allí, el campeón de los niños inventados es Arjona, un pueblo de 61 mil habitantes, con 1.986 educandos ficticios.

En Cesar también se encontraron inconsistencias: inscribieron a casi 12 mil niños que nunca han pisado un aula. En Aguachica hay 1.909 de estos casos.

A la Fiscalía

Lo curioso es que el fenómeno se repite en el centro y nororiente del país.

En Cúcuta, los auditores dicen no haber hallado rastro de 1.830 alumnos, por los que se desembolsaron en el 2010 cerca de 1.700 millones de pesos. Y en las goteras de Bogotá se halló otro caso preocupante. En Soacha reportaron 3.533 niños que no aparecen y por los que el Estado giró 4.120 millones.

Ante las inconsistencias, el Ministerio de Educación solicitó explicaciones, pero estas no fueron suficientemente aclaradas o justificadas. Por eso, hace un par de semanas, la ministra, María Fernanda Campo, decidió dar aviso a las autoridades.

En oficios al Procurador, a la Contralora y a la Fiscal General, la funcionaria remitió los resultados de la auditoría, pidió que se investigue el desfase y que se indaguen las inconsistencias.

"Lo que encontramos podría tener implicaciones penales, disciplinarias y fiscales para los representantes legales de los entes territoriales, que son los secretarios de educación", dijo la Ministra.

Y explicó que son ellos quienes avalan las listas que elaboran los rectores de los colegios. Campo también reveló que este año les descontó a esos entes territoriales el dinero que recibieron de más por esos estudiantes inexistentes.

Además, contrató a una interventora para que revise el trabajo de las auditorías.

El viernes, EL Tiempo se comunicó con los secretarios y en algunos casos manifestaron desconocer la investigación. Otros optaron por criticar la manera como se hizo la auditoría al manifestar que los encargados de esta no tuvieron en cuenta la deserción escolar por cuenta del invierno o no fueron a todas las instituciones.

Al respecto, la ministra explicó que, en los casos en los que no se fue al establecimiento, se consultó con rigor la información correspondiente.

Por ahora, la Procuraduría General ofició a sus seccionales para que inicien las investigaciones del caso, y el Ministerio espera ampliar el número de entes territoriales auditados que puedan estar haciendo esta misma trampa.

Tomado de: El Tiempo.com