El cara y sello de la reforma a la educación

La marcha del pasado miércoles, en la que participaron miles de universitarios como protesta a la reforma a la educación superior, que fue radicada por el Ministerio de Educación en el Congreso, demostró que los estudiantes son capaces de manifestar su rechazo a las decisiones que, según su percepción, amenazan su derecho a la educación.Incluso, la protesta contó con el guiño de rectores de varias universidades, quienes no aprueban la propuesta.

Quizás el punto que más enfrenta a la comunidad universitaria (rectores, docentes y estudiantes) con el Gobierno Nacional es que la reforma -elaborada bajo los principios de cobertura, calidad, transparencia y financiación- no fue construida de manera "democrática" y con una participación efectiva. El Gobierno se defiende argumentando que 28 foros, que contaron con la presencia de estudiantes, fueron suficientes para discutir el contenido.

Aún no hay claridad sobre si el impacto de la reforma educativa será tan positivo como lo plantea el Gobierno, que le apuesta a ampliar la cobertura de 37 por ciento a 50 por ciento y a mejorar la calidad, o tan negativo como lo aseguran los estudiantes, quienes "hasta las últimas consecuencias" y con el paro estudiantil buscan evitar el trámite de este proyecto por considerar que "la privatización acabaría la educación pública".

Para conocer su versión sobre la reforma a la Ley 30, especialmente en los puntos neurálgicos, Colprensa consultó al viceministro de Educación, Javier Botero, y al líder estudiantil Sergio Fernández, vocero de la Organización Colombiana de Estudiante (OCE) y representante del consejo académico de Universidad Nacional.

La forma cómo fue tramitado el proyecto de reforma a la Ley 30, ¿atentó contra la autonomía universitaria?Javier Botero: "Es importante la participación de los estudiantes. Ojalá se hubiera dado desde el 10 marzo de 2011, cuando se puso en consideración un borrador. Aún sin ser propuestas formales recogimos mucho de los movimientos estudiantiles, como el hecho de establecer la educación como un derecho y un bien público".

Sergio Fernández: " El Gobierno ha mentido cuando habla de la procedencia del proyecto. Nunca hubo consenso con estudiantes, rectores, docentes y trabajadores. El Gobierno apeló a la fuerza y no a los argumentos. Haber radicado la reforma en el Congreso es una medida de fuerza, porque cuenta con las mayorías para aprobarlo a pupitrazo y sin discusión. No hay respeto con la academia, y en temas de educación las universidades se equivocan menos que los Gobiernos y eso no lo han entendido".

La ministra de Educación habla de foros que tuvieron la participación de estudiantes?JB: "Se hicieron 28 foros donde el mayor público fueron estudiantes. También se llevó a cabo un foro virtual que recibió más de 145 mil visitas. Desde el primer foro público la Ministra los invitó a participar y a presentar sus propuestas. Los estudiantes decidieron, y nos lo hicieron saber desde marzo, que no participarían en el proyecto que estaba trabajando el Gobierno con el sector educativo, sino que ellos llevarían su propuesta, pero al final no la presentaron. Los estudiantes no pueden obligar al retiro de un proyecto en el que no quisieron participar".

SF: "No es cierto que la comunidad universitaria haya participado. Hubo una socialización de una propuesta del Gobierno Nacional. La ministra presentó una exposición en cada una de las universidades, incluso en algunos de los foros que ella menciona no se permitieron preguntas de los asistentes y mucho menos el debate".Pese a que el Gobierno le retiró al proyecto el punto de las universidades con ánimo de lucro, se continúa hablando de privatización?

JB: "El proyecto radicado no tiene en ninguna parte nada relacionado con inversión privada con ánimo de lucro ni con privatización. El proyecto trae más recursos públicos para las instituciones públicas".

SF: " En esencia el proyecto es el mismo porque se mantienen las universidades mixtas (con capital público y privado). La nueva ley establece que las universidades se podrán quebrar como si fueran empresas. Eso es privatización. El Gobierno suprimió el componente del ánimo de lucro, pero no el de la privatización. Si crece más la universidad pública que la privada, ahí hay privatización; si se merma la calidad de la pública, eso es privatización, si aumentan las matrículas en la universidad pública, eso es privatización".¿Qué tan importante es la llegada que anunciaron de 11 billones de pesos adicionales al sector?

JB: " Es un aporte importante. No entendemos por qué los estudiantes rechazan esto, cuando parte de los 11 billones permitirán entregar subsidios de sostenimiento para estudiantes de universidades públicas o privadas de bajos recursos. Otra parte se destinará para subsidios de las tasas de interés del crédito educativo y la condonación del 25% del crédito para los estudiantes más pobres. El proyecto de ley garantiza recursos por más de 35 billones de pesos para las instituciones públicas en estos 10 años".

SF: "Esos recursos son insuficientes y absurdos. Solamente la Universidad Nacional cuesta al año un billón de pesos. Las cuentas de la ministra no dan por ningún lado. Y cuando los números van por un lado y el discurso por otro, prefiero creerles a los números".En el tema de calidad, ¿cómo está la reforma?JB: "A través de las regalías va a llegar a partir del 2012 una fuente nueva de recursos para el sector, para que puedan mejorar laboratorios y, adicionalmente, formar a profesores de alto nivel. Ahí también puede haber fuentes importantes para infraestructura física, como edificios de aulas o laboratorios".

SF: "Con esta nueva ley de educación superior a las universidades le quedan dos caminos si quieren alcanzar la meta de cobertura. El camino de la mediocridad, es decir, tener carreras sin hospital universitario, tener 200 estudiantes por salón y tener profesores de hora cátedra que ganen poco. El otro camino es el de la financiación".

Análisis

El régimen financiero en la reforma

Mauricio Alviar Ramírez, Director del Centro de Investigaciones y Consultorías de la U. de Antioquia, Radicada en el Congreso de la República la propuesta definitiva para reformar la educación superior, uno de los aspectos que mayor debate ha suscitado entre la comunidad académica es el referido al financiamiento. Desde esta perspectiva y dada la urgencia y la importancia del tema, en esta oportunidad escribiré del financiamiento de la educación superior, como consecuencia de las diferencias en las tres versiones del proyecto de ley suministradas por el Ministerio de Educación Nacional.

En la versión de marzo de 2011 el Gobierno Nacional incluye tres fuentes de recursos por encima del IPC para las instituciones de educación superior públicas, completamente diferenciadas entre sí: (1) participación en función del aumento del Producto Interno Bruto (PIB); (2) ingresos adicionales condicionados a la generación de nuevos cupos y otros factores; y (3) mayor asignación como resultado del desempeño de las instituciones en los tres años anteriores.

El artículo que otorga dineros por generación de nuevos cupos y otros factores (Artículo 106 del proyecto de marzo) establecía una progresividad consistente en asignar un punto en 2012, dos puntos en 2013 y, desde 2014 hasta el año 2019, tres puntos reales siempre respecto al año inmediatamente anterior. Adicionalmente, los recursos planteados por desempeño institucional corresponden a tres puntos reales entre 2015 y 2019. Como resultado del proceso de discusión entre marzo y julio, el Ministerio de Educación Nacional acuerda con los rectores de las universidades eliminar, de una parte, la progresividad estipulada en el Artículo 106 del proyecto original para iniciar en 2012 con tres puntos reales sobre la base del año inmediatamente anterior y, por otra parte, ampliar el horizonte de financiación hasta 2022 bajo la condición descrita.

No obstante, en la versión suministrada por el Ministerio en julio del año en curso, derivada de los primeros acuerdos, en el Artículo 150 se acoge la supresión de la progresividad de uno, dos y tres puntos entre 2012 y 2014 para iniciar con tres puntos por encima de la inflación desde 2012, pero se suspende el apoyo por este criterio a partir de 2015. Este protuberante cambio fue advertido por el suscrito y conocido por el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

En la versión final radicada en la Cámara de Representantes el 3 de octubre de 2011 los tres puntos adicionales dispuestos para financiar cobertura y otros factores se distribuirían, conforme a lo acordado con las directivas universitarias, así: 50 por ciento iría directo a los planteles para su financiación ordinaria y el otro 50 por ciento se repartiría en función de la complejidad de las instituciones.

Sin embargo, con sorpresa se observa que en el Artículo 146 del proyecto radicado persiste el límite de financiación en el año 2014, por el criterio de complejidad. Como consecuencia de esta circunstancia, no solo se produce la suspensión abrupta de la fuente de financiación ordinaria en 2015, sino que resulta una reducción sustancial por la diferencia en los aportes acordados inicialmente con los rectores. Esta diferencia asciende a 38,4 por ciento para el horizonte de once años previsto en el proyecto.

La pérdida anual de recursos para las universidades estatales bajo el supuesto de una transferencia igual a $2,1 billones en 2011 se estima en $4,2 billones de pesos a precios de 2011.

En conclusión, es preciso realizar una labor directa de análisis en la Comisión Sexta de la Cámara con el propósito de corregir la gran pérdida de recursos que sufrirían las universidades estatales poniendo en riesgo el mejoramiento de la calidad y el aumento de la cobertura, como los dos pilares fundamentales que plantea el Gobierno Nacional con el Proyecto comentado.

Contexto

La invitación para construir una reformaEn cuanto a la invitación para que los estudiantes participen en la construcción de una mejor reforma, el viceministro Javier Botero dice que "el espacio está y ha estado desde hace siete meses. No ha habido propuestas concretas de los estudiantes, por eso el llamado es a la participación con propuestas para que el Gobierno y el Congreso las consideren. La invitación es a que participen y que vuelvan a la normalidad académica. El riesgo de un paro prologando es perder un semestre y eso es tirar recursos públicos a la caneca". Sin embargo desde la Organización Colombiana de Estudiantes la petición es clara: "queremos que el Gobierno retire la propuesta".